Un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo pretende que los privados de libertad de origen salvadoreño que hayan sido condenados en Costa Rica puedan ser deportados a su país para pagar las penas en las cárceles cuscatlecas.
Esta iniciativa también aplicaría para los costarricenses que cometan delitos en El Salvador y deseen descontarla en territorio nacional.
La intención del Gobierno denominada Aprobación del Tratado entre la República de Costa Rica y la República de El Salvador para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero fue presentada en Cuesta de Moras el 25 de febrero y actualmente se tramita bajo el Expediente 24.857.
El acuerdo, que tendría que ser aprobado por los diputados, se suscribió desde el 8 de diciembre de 2022 durante una reunión entre representantes de las cancillerías de ambos países celebrada en República Dominicana.
El traslado podrá ser solicitado por el sancionado, el Estado trasladante o el Estado receptor, en forma escrita y a través de la vía diplomática.
Para que esta situación se dé, el privado de libertad debe dar su consentimiento de manera libre.
“Cabe mencionar que el cumplimiento de la sentencia en el receptor se efectuará de acuerdo con su ordenamiento jurídico, pero manteniendo el trasladante la jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de las dictadas por sus órganos judiciales”, reza el documento.
Además, ninguna condena será ejecutada por el Estado receptor de tal modo que se prolongue más allá de la fecha establecida, según los términos de la sentencia del Tribunal donde fue enjuiciado.
Por ende, si un costarricense es sentenciado en El Salvador a cinco años de cárcel, la justicia tica no podrá extenderle la pena una vez que permanezca en territorio nacional.
Algunos precedentes
Diario Extra consultó con el abogado constitucionalista José Pablo Badilla sobre la vialidad del proyecto y señaló que no existían problemas, ya que hay acuerdos con otros países similares a este.
Por ejemplo, durante la Administración del expresidente Abel Pacheco se firmó un acuerdo de este tipo con Argentina.
De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia y Paz compartidos a este medio, son 26 los salvadoreños que forman parte de la población privada de libertad en el sistema penitenciario costarricense, quienes en caso de que se apruebe el texto podrían terminar de cumplir su pena en su país natal.
