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Cuando en los años 90 se solicitó a la Unión Europea (UE) los recursos para financiar la planificación de la GAM, se expuso entre otros motivos que en el país se atendían muchas emergencias ocasionadas por fenómenos naturales, pues no contábamos con una planificación urbana y territorial actualizada, con la consiguiente asignación de recursos económicos para atender a los afectados, la producción y la infraestructura dañada. Meses más tarde, se firmaba el convenio entre nuestro país y la UE, dando lugar al proyecto PRUGAM. Como parte del mismo, la SETENA aprobó la Viabilidad Ambiental para este territorio, la cual comprende una zonificación ambiental de la GAM y su respectivo Reglamento de Desarrollo Sostenible, con una cartografía digital 1:10.000, cuya información permitiría a todos los sectores, públicos y privados, ubicar los proyectos de construcción y desarrollo y anticipar efectos negativos para el ambiente, las ciudades, la economía nacional y los bolsillos del inversionista, así como agilizar los trámites. Pese a la aprobación oficial de este instrumento, se viene negando su valor técnico y legal en virtud de que la propuesta de planificación urbana del PRUGAM fue rechazada por el INVU, con el apoyo del CFIA, y el sector inmobiliario del país.
Los llamados desastres naturales son en gran medida el resultado de las fuerzas de la naturaleza, sobre todo en sitios en donde el hombre ha metido mano sin medir la vulnerabilidad de los sitios y los riesgos que eso conlleva. La Viabilidad Ambiental como instrumento viene siendo un factor de prevención como lo es el Código Sísmico o a futuro un Código Hidráulico, o cualquiera otra norma para el diseño y la construcción. ¿Por qué la Viabilidad Ambiental, pese a su aprobación técnica y legal no se quiere aplicar?
La respuesta no cae únicamente en la aceptación o rechazo de este instrumento, pues pese a las limitaciones tecnológicas de décadas anteriores, lo cierto es que sí hemos contado con cierta legalidad e insumos para orientar y regular el desarrollo urbano y generar una seguridad territorial. En los instrumentos de planificación y en el conjunto de leyes que rigen esta disciplina, se contempla esta necesidad de planificar de acuerdo con el territorio y el ambiente, a la cual se incorpora cada vez más mayor conocimiento y tecnología. Sin embargo, la ubicación de construcciones e infraestructura en terrenos de alta o muy alta fragilidad ambiental es endémica, siendo su resultado la gran cantidad de emergencias que vivimos año a año ya sea por lluvia, activación de fallas geológicas, sismos u otras causas, con afectación sobre todo para los sectores de menor ingreso ubicados en terrenos de laderas, orillas de ríos, sitios pobres en infraestructura urbana, terrenos fangosos, etc.
Es tanta la presión social y del desarrollo inmobiliario que solamente en la GAM se han construido 150 km2 fuera del Anillo de Contención, definido desde 1982, la mayor parte de los mismos en terrenos de muy alta fragilidad ambiental, a pesar de contar con instrumentos de planificación territorial debidamente aprobados para el Proyecto PRUGAM en el 2008. La presencia de la tormenta Nate nos pone una vez más en evidencia, solo que con resultados más graves.
En el resto del país la situación no es menos problemática. Aunque no existen estudios ambientales aprobados para lograr la Viabilidad Ambiental, las leyes existentes de Planificación Urbana, Forestal, Emergencias, Salud, Orgánica del Ambiente, entre otras tantas, deberían ser garantes para impulsar la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Sin embargo, al igual que en la GAM, las áreas rurales y en las nuevas ciudades en crecimiento expansivo como Liberia, San Isidro de El General, Ciudad Quesada, Guápiles y Turrialba, se sigue y copia el modelo urbano existente, el cual favorece a sectores que presionan hasta lograrlo.
Hoy seguimos en el mismo predicado: atendiendo emergencias, sepultando vidas humanas, familias desarraigadas de sus casas y vecindarios, a un costo social y económico tal que distrae e impide el desarrollo e inversión en muchos otros faltantes de la sociedad costarricense. Los efectos y costos de recuperación de estas emergencias deberían hacernos recapacitar, pues temas como la energía limpia para el transporte, el cuidado y rescate de los recursos hídricos y las infraestructuras asociadas, ciudades compactas y multifuncionales y la protección del medio ambiente, seguirán atrasados pese a la necesidad de impulsarlos como parte de un cambio paradigmático en el desarrollo urbano territorial que practicamos.
Sabemos que en gran medida los problemas ambientales que enfrentamos son provocados por la deficiencia misma del modelo de desarrollo urbano que aplicamos y que al enfrentar fenómenos atmosféricos intensos como Nate, el país colapsa. Rescato el espíritu de solidaridad de nuestra población para ayudar en las emergencias, pero lamento profundamente que el tema del desarrollo sostenible, la planificación urbana, la infraestructura pública y la innovación aún siguen ausentes de la política pública nacional. Nate es un fenómeno más que nos lanza la naturaleza pero sus efectos son más producto de lo que hacemos o dejamos de hacer.
*Arquitecto, M.A. en Diseño Urbano.