Desde la Colonia, el interés por la educación de los hijos siempre estuvo presente en colonos y gobernadores; por ello, surgieron los primeros procesos de enseñanza-aprendizaje, incluso financiados por los mismos padres. Posteriormente, con la independencia de Costa Rica, se ha tenido el convencimiento del valor transformador de la educación en el pleno desarrollo de las personas y para el progreso integral de la sociedad, por ser, además, sostén incuestionable del ejercicio de libertades y derechos fundamentales y de nuestra democracia.
Iniciada nuestra independencia, la población crece y se ubica, progresivamente, en diversos espacios del territorio nacional, por lo que la democratización de la educación avanza a través de los años de vida independiente, evolución que exige la construcción de infraestructura escolar, la formación de educadores, la dotación de recursos de aprendizaje; es decir, se genera una importantísima inversión para mejorar tanto la cobertura de Educación Primaria, primordialmente, en el siglo XIX, y la de Secundaria y la Educación Preescolar, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin olvidar el surgimiento de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, institución educativa de la Iglesia Católica, fundada por Rafael Francisco Osejo, en 1814; luego Universidad de Santo Tomás, creada en 1843, en el gobierno de José María Alfaro Zamora, siendo ministro el Dr. José María Castro Madriz, quien persistió en su creación.
En esos años del siglo XIX y parte del siglo XX, el mayor esfuerzo de inversión estatal se centra en democratizar la educación, estableciendo centros educativos de primaria y secundaria, formando personal docente -dada la presencia de personal no titulado- y financiando Juntas de Educación y Juntas Administrativas, aliadas del Estado en el desarrollo educativo del país. No en vano Costa Rica, actualmente, es uno de los países de Latinoamérica con mejores indicadores de cobertura en primaria y secundaria. Mas, en la segunda mitad del Siglo XX, junto a mejorar la cobertura, la historia de nuestra educación también registra esfuerzos, planteamientos, reformas, programas, direccionados a fortalecer la calidad de los aprendizajes, no solo cognitivos.
A partir de la fundación de la Universidad de Costa Rica (UCR), por el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en 1941, de cuyas graduaciones se inicia el surgimiento de la “clase media” -no existía anteriormente- y en la segunda mitad del Siglo XX, se fundan y se financian por el Estado: el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR-1971), la Universidad Nacional (UNA-1973), la Universidad Estatal a Distancia, (UNED-1977) y Universidad Técnica Nacional (UTN-2008), instituciones con las que se democratiza la educación universitaria, se forma el Capital Humano de Costa Rica, se fortalece la investigación y se cultiva el pensamiento crítico, importante en un sistema político democrático. ¡Sería mezquino negar sus valiosos aportes sociales, culturales, técnicos y científicos!
Nuestra sociedad siempre ha valorado la inversión del Estado, impuestos y préstamos internacionales, para garantizar el irrebatible derecho a la educación, cuyos logros han beneficiado, primordialmente, a la niñez y la juventud, a la familia costarricense de escasos recursos, y favorecido el desarrollo integral del país. En esa estimable dirección, se dieron en el pasado gestiones para modificar el artículo 78 de nuestra Carta Magna e incrementar la inversión en nuestra educación: aumentar la relación porcentual del presupuesto MEP, respecto al presupuesto nacional, proyecto de ley, expediente 11730, mayo/1993; la promulgación de la ley 7676, julio/1997, para establecer el 6% del PIB y, posteriormente, la ley 8954, mayo/2011 que establece el 8% actual, pues ha existido conciencia de que la educación impacta, directamente, el ingreso de las personas y las familias, genera movilidad social y mejora la distribución de la riqueza en nuestra sociedad. Lo que está preocupando a diversos sectores de nuestra sociedad es la visible reducción progresiva del presupuesto para la educación pública institucionalizada, que afecta, sin discusión, la calidad de nuestra educación en sus varios significados. Afectación que, lamentablemente, se ve incrementada con la baja inversión de este gobierno en el sector social, condenando a niños, niñas, jóvenes desertores del sistema educativo y con baja escolaridad, a ser instrumentos del populismo, la demagogia y el narcotráfico.