Quito. (EFE) – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, extendió por 30 días el último estado de excepción que decretó en seis de las 24 provincias del país y un municipio de una séptima provincia, por grave conmoción interna para hacer frente al crimen organizado.
El estado de excepción fue declarado por Noboa originalmente por 60 días, a partir del 2 de julio.
Mediante un nuevo decreto mantuvo por un mes más esta medida excepcional en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena y El Oro, y en la tropical de Los Ríos, así como en el municipio de Camilo Ponce Enríquez, un enclave minero de la sureña andina provincia de Azuay, donde las bandas criminales buscan apoderarse de su actividad.
En 19 municipios de las zonas contempladas en este estado de excepción se mantendrá un toque de queda nocturno que regirá entre las 10 p.m. y las 5 a.m.
El estado de excepción supone la suspensión de algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia, además del derecho a la libertad de reunión siempre que se garantice el derecho a la protesta pacífica, conforme lo dictaminó la Corte Constitucional en su revisión de este último estado de excepción.
A inicios de agosto, el máximo tribunal de garantías de Ecuador validó este estado de excepción decretado por Noboa tras anular los dos anteriores al considerar que no estaban debidamente justificados y que la declaración de “conflicto armado interno” del mandatario no era suficiente argumento para declarar dichos estados de excepción.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.
Desde inicios de año Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.