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Actividades ilícitas, como la venta de droga, el sicariato y las estafas digitales, se han consolidado como una “economía del crimen” en el país, y ganaron mayor estructura y tamaño durante los últimos cinco años; esto según señala el último informe del Estado de la Nación.
Según detalla el estudio, esta tercera “economía del crimen” surge a raíz de la “exclusión económica de grupos de población y territorios, la desatención estatal a las inversiones prioritarias y la expansión de los mercados criminales”, mismos que se duplicaron en cuestión de cinco años.
Para el 2020, señala el informe, existían alrededor de 20 organizaciones criminales, ubicadas en 17 cantones; mientras que para el 2025, el total de grupos criminales ascendió a 48 en 37 cantones, es decir, un incremento superior al 180%.
“En el 2020, las organizaciones criminales se concentraban en el Valle Central, San Carlos y la costa del Caribe, y para el 2025 se extendieron al occidente del país y la costa del Pacífico. Asimismo, creció el número de organizaciones criminales desarticuladas dentro de los cantones, algunos de ellos con presencia simultánea en tres o más”, explica el Estado de la Nación.
A este crecimiento se le suma una especialización de las agrupaciones delictivas, pues “más del 50% fueron perseguidas por delitos asociados al tráfico de drogas o la legitimación de capitales y cerca de uno de cada seis operativos se ejecutó a escala nacional y simultáneamente en varios cantones”.
El Estado de la Nación además advierte que, con esta profesionalización de las actividades criminales, crece también el riesgo de que la “economía del crimen” ingrese a los mercados lícitos.
“El crimen organizado no solo genera violencia, también produce y moviliza grandes volúmenes de capital que buscan integrarse a la economía formal sin dejar rastro de su origen ilícito”, plantea el informe.
Crímenes consolidados en el país
Fuente: Estado de la Nación 2026
Sobre ello, el economista e investigador Luis Vargas explicó que esta infiltración no solo daña las arcas del Estado, sino que representa un riesgo para los hogares costarricenses.
“Algo que nosotros resaltamos en el informe, y esto no como investigación desde un escritorio, sino sentándonos con el Organismo de Investigación Judicial, es cómo al final de cuentas pasan a ser un actor más, pero esto genera distorsiones en los precios, en los mercados e incluso, lo más preocupante, genera un poder corruptor”, comentó el experto.
Dentro de los casos más destacados, Vargas mencionó el caso Leviatán, donde se traficaba droga y se legitimaban capitales mediante la Terminal de Contenedores de Moín, según las pesquisas judiciales.
“Este caso nos mostró cómo el comercio ilícito, de drogas particularmente, estaba metido en la institucionalidad, en el sector público, en la empresa privada, operando como un negocio común y corriente, pero con capitales ilícitos y con un mercado ilícito”, apuntó.
Gota a gota toma fuerza en hogares
Los préstamos informales, conocidos como gota a gota, se han consolidado como parte de la economía nacional, ya que, en promedio, 3 de cada 10 hogares costarricenses deben recurrir a ellos para poder llegar a fin de mes.
Luis Vargas
Investigador Estado de la Nación
“Hay indicios muy fuertes, sumados a una gran vulnerabilidad, de que el crimen organizado esté moviendo sus capitales. Vea los últimos operativos donde se encuentra que el crimen organizado mueve negocios, en donde no está”.
Según explica el informe, cada vez existe un menor acceso a sistemas financieros formales, así como una reducción en los ingresos propios de las familias, lo que les obliga a recurrir a estos mecanismos informales.
“El sistema financiero está reconociendo la dificultad para colocar crédito, lo cual, por supuesto, desincentiva el consumo, desincentiva la inversión de los hogares y hace que se vean excluidas del sistema financiero formal y tengan los hogares que ir fuera del sistema financiero, es decir, al crédito informal”, explicó Vargas.
El uso de estos préstamos no se da solamente en los hogares más pobres del país, pues, según detalla el informe, 1 de cada 10 hogares con ingresos promedio a los ¢2,7 millones también debe recurrir al sistema informal.


