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Mediante un presupuesto extraordinario para el gobierno local de Aserrí, la Municipalidad del cantón intentó ingresar una donación de ¢100 millones por parte de la empresa EBI de Costa Rica para la construcción del parque central, pese a que existe una investigación en su contra.
Así lo confirmó la presidenta del Concejo Municipal, Sonia Aguilar, quien comentó a Diario Extra que dicho rubro fue enviado a la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR), ya que podrían existir vicios de ilegalidad en el mismo, puesto que la empresa mantiene el botadero de El Huazo en el cantón.
“En este caso, la empresa no coordinó con nosotros, fue prácticamente la Alcaldía la que siguió todo el trámite sobre esa donación, por lo que tuvimos que aprobar el presupuesto parcialmente, sacando la línea de esa donación mientras hacemos la consulta si procede o no ese tipo de dádivas”, comentó la regidora Aguilar.
Según relató, actualmente el Concejo Municipal está discutiendo una serie de anomalías en el botadero de El Huazo, ubicado en el cantón y administrado por la empresa EBI, por lo que dicha donación podría representar un conflicto de intereses entre el gobierno local y la institución privada.
“Estamos viviendo una serie de anomalías en el relleno sanitario y, hasta tanto nosotros no aclaremos esa situación, pues es imposible aprobar una donación; antes de esto, fuimos a hacer una inspección a EBI, y nos encontramos una aberración y una deforestación espantosa”, dijo Aguilar.
Autoridades defienden legalidad
Diario Extra intentó conversar con la alcaldesa de Aserrí, Patricia Porras, sin embargo, pese a múltiples llamadas, esta no dio respuesta y redirigió la consulta al departamento de prensa municipal, quienes defendieron la legalidad de la donación.
“La donación no contiene ningún tipo de condicionamiento, se ha gestionado con total transparencia y, además, es una práctica habitual que las municipalidades reciban este tipo de apoyo por parte de los patentados ubicados dentro de su jurisdicción”, señaló el gobierno local.
Al ser consultados por la investigación del Concejo ante el descontento ciudadano por el manejo del botadero, el departamento de prensa indicó que “nunca se ha realizado una encuesta sobre la percepción ciudadana de la operación, sin embargo, sí existe una preocupación de nuestra parte relacionada con la cantidad de toneladas de residuos que actualmente se reciben y procesan en el lugar”.
Transparencia
Por su parte, la empresa EBI también destacó transparencia en la gestión, ya que respondió a una solicitud expresa de cooperación por parte de la Alcaldía de Aserrí para la remodelación del parque local.
“Como parte de nuestra política, evaluamos cada propuesta de donación, y en este caso, dado que uno de nuestros Parques de Tecnología Ambiental opera en la zona, asumimos el compromiso y aprobamos la solicitud”, indicó la empresa.
El vicepresidente del Concejo Municipal, Alex Calero, y que pertenece a la misma agrupación política que la Alcaldía, comentó a Diario Extra que parte de la intención de enviar la consulta a la CGR y la PGR era mantener la transparencia de la gestión.
“No lo aprobamos por el momento para evitar situaciones y que no se vea comprometido en algún momento el Concejo, porque al final votamos siete, y son ¢100 millones. Al gobierno local nos sirven, ellos lo están haciendo como parte de la responsabilidad social”, especificó Calero.
Ilegalidades anteriores
En 2011, el entonces alcalde de Aserrí, de apellido Morales, fue sentenciado a cinco años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho impropio y falsedad en la declaración jurada de bienes.
Según consta en los archivos, la Contraloría General de la República habría cuestionado que el exalcalde había recibido un préstamo de $45.000 de parte del entonces gerente general de EBI de Costa Rica.
Sonia Aguilar
Presidenta Concejo Municipal
“Como usted comprenderá, eso no son cinco pesos, son ¢100 millones, y todos estamos muy conscientes de que tenemos que arreglar el parque de Aserrí, pero yo siento que hay un conflicto de intereses porque nosotros estamos viviendo una serie de anomalías en el relleno sanitario”.
