
Una mujer de nacionalidad nicaragüense fue detenida por la Policía Profesional de Migración como sospechosa del delito de trata de personas, tras una investigación relacionada con la aparente explotación laboral de una víctima en varios establecimientos comerciales de la zona norte del país.
Según el análisis policial, Salvatierra figura como administradora de al menos cinco bares ubicados en las zonas de Upala y Katira, lugares donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados por la víctima.
La captura se realizó la tarde del miércoles en vía pública, en la localidad de Las Delicias de Upala, Alajuela. La sospechosa fue identificada por las autoridades con los apellidos Salvatierra Jiménez.
Según la investigación, la mujer habría captado a la víctima aprovechándose de su condición socioeconómica, educativa y familiar, mediante engaños y falsas promesas de empleo.
De acuerdo con la denuncia presentada por la afectada, el proceso de captación inició cuando se hospedó en la vivienda de Salvatierra. Posteriormente, con la colaboración de un sujeto de apellido Jaime, fue trasladada a un establecimiento comercial conocido como Bar San Fernando.
Las autoridades señalaron que, una vez en el lugar, la víctima habría sido obligada a realizar trabajos o servicios forzados bajo extensas jornadas laborales. Además, indicó que le prometieron condiciones de trabajo dignas, salario semanal, acceso a seguros médicos e incluso ayuda para regularizar su situación migratoria.
La investigación también apunta a que la mujer fue trasladada posteriormente a otros negocios administrados por los sospechosos, donde continuaron las supuestas falsas promesas laborales y, en apariencia, fue retenida contra su voluntad mediante amenazas y diversos mecanismos de control.
Migración informó que anteriormente ya había sido detenido el otro sospechoso vinculado al caso, identificado con el apellido Jaime, quien fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.
Tras su captura, Salvatierra Jiménez fue remitida a las autoridades judiciales para determinar su situación jurídica y permanece a la espera de que se definan posibles medidas cautelares.
