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La posible incorporación de datos policiales de personas menores de edad imputadas o investigadas en la plataforma de investigación preocupa a diputadas de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Esto forma parte del proyecto que analiza el Congreso, el cual busca habilitar la declaratoria de crimen organizado juvenil.
La propuesta contempla crear un archivo criminal juvenil en el sistema designado por la Policía Judicial para registrar expedientes de personas imputadas, así como un banco de datos genéticos.
Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio, cuestionó la iniciativa, señalando que el país mantiene convenios internacionales que protegen a los menores.
“Queremos construir, pero los señalamientos son muy serios. Carecemos de datos sólidos que respalden esta ley; la preocupación sigue abierta”, afirmó Vindas.
Además, advirtió que endurecer criterios para menores no reducirá el interés de los grupos criminales en reclutarlos.
“Insisto, y lo ha dicho el PANI, este proyecto no puede continuar con esta redacción; es algo muy grave”, subrayó.
Por su parte, la legisladora Dinorah Barquero indicó que el texto sustitutivo que estudia la comisión no corrige las observaciones de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
“Esto representa un retroceso alarmante en la protección de los derechos de las personas menores en conflicto con la ley penal, especialmente en materia de datos”, explicó.
Agregó que el objetivo con los menores debe ser la reinserción social tras cumplir una sanción, no generar estigmatización.
“Estamos hablando de información sensible: datos biométricos, fotografías y reseñas policiales que quedarían expuestos, incluso cuando sean imputados y no condenados”, advirtió.
Aunque la propuesta sigue en análisis en la comisión legislativa, donde se estudian mociones para reformar el texto, ya genera discrepancias entre sus integrantes.

