La Asamblea Legislativa de Costa Rica se destaca como una institución transparente y productiva en América Latina, sin embargo, expertos dudan de los resultados del estudio que le otorga ese título.
Aunque parezca un chiste, no lo es, ya que el nuevo Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) considera que el Congreso tico está por encima de la media regional en materia de transparencia y trabajo realizado.
En números, el ILTL detalla que, en materia de la aprobación, los mejores congresos de la región fueron los de Chile (59,6%), Costa Rica (52,1%), Colombia y Paraguay (47,8%).
Los peores puntajes los obtuvieron los parlamentos de Bolivia (25,9%), Honduras (21,8 %) y Venezuela (16,3%). El dato precisa que 39,6 % es la media regional.
Los resultados señalan además que Costa Rica salió bien calificada en cumplimiento en presupuesto y gestión administrativa (2do. lugar), participación ciudadana (3ero.), además de normativa (6to. puesto).
“Destacan como aspectos positivos la publicación de los viajes de los asambleístas, por ser de acceso libre, con un completo registro de dichas actividades y con el nivel de apertura de datos más alto en la región, lo que permite una completa reutilización; la publicidad de las acciones de control político, constituyéndose, a la vez, en el mejor ejemplo de publicidad en la región en este aspecto; y la disponibilidad de materiales educativos y explicativos en diferentes formatos”, señala el documento de ILTL.
A pesar de todo lo anterior, el informe señala como un punto débil en la Asamblea Legislativa que no haya un marco legal “que resguarde el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía, constituyéndose en una de las dos excepciones en la región, junto a Venezuela”.
Asimismo, se cuestiona que no se haya avanzado en la incorporación de una ley de cabildeo o lobby, registro de intereses, informes de gestión e información de los congresistas.
“El estudio no identificó la puesta en práctica de mecanismos para fomentar la participación en los procesos de discusión de leyes, de consulta ciudadana ni la posibilidad de que la ciudadanía pueda intervenir en la discusión legislativa. Las actividades de participación carecen, además, de enfoque de género y grupos vulnerables”, añade.
El informe fue coordinado por la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (Accesa) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex).
CUESTIONAMIENTOS
Dos expertos discreparon totalmente del informe emitido por el ILTL.
El sociólogo Byron Barillas consideró el documento como “relativo” y catalogó a la Asamblea Legislativa costarricense como “crítica”.
“América Latina tiene que estar muy mal para que Costa Rica salga tan bien. Si uno lee términos internos absolutos no comparativos, se da cuenta de que el orden legislativo en Costa Rica es crítico. Ese índice no capta el nivel de legitimidad de las decisiones que afectan a la sociedad. La clase media tiene reticencia por el Congreso y sus decisiones, además del tema de negocios sucios que se ha dado a conocer en las últimas semanas”, expresó.
El catedrático y economista Luis Paulino Vargas Solís adujo que en términos generales puede ser transparente, excepto con algunas prácticas que se han puesto de manifiesto de un tiempo a la actualidad.
“Los índices captan solo lo que se ve. La Asamblea tiene algunos comportamientos que no son tan transparentes, como por ejemplo en el nombramiento de magistrados de la Corte. Han sucedido cosas a la hora de elegir magistrados que claramente indican falta de transparencia. Se termina escogiendo a los peor evaluados u otros que ni siquiera estaban en terna. Hay mal de fondo que nunca sale a la vista, que por ejemplo se evidenció con los escándalos del tema narco hace semanas atrás”, concluyó.