La Contraloría General de la República (CGR) indicó que duda del proyecto que busca incluir la modalidad virtual dentro de la Ley General de la Educación.
Se trata del expediente 22.251, que plantea actualizar la normativa al contexto actual, donde la educación a distancia se ha convertido en una nueva modalidad de aprendizaje.
“Nos encontramos ante una cultura cambiante, porque la ciencia y la tecnología están en constante evolución y asoman crisis en muchos aspectos de la vida en el planeta, lo que ha conducido a esquemas de convivencia y aprendizaje diametralmente distintos y muchas veces hasta desconocidos”, justifica el texto.
CONTEXTO NACIONAL
Hay que recordar que la pandemia no solo cambió la forma en que los estudiantes se preparan, sino que dejó al desnudo una cifra que para nada enorgullece al sistema educativo nacional: más de 425 mil alumnos no tienen acceso a una computadora o a internet.
“A Costa Rica le llegó la hora de incorporar en nuestra legislación los términos que le dan vida a la Cuarta Revolución Industrial. Entre ellos tenemos: el aprendizaje en entornos virtuales, y la incorporación en la educación de nuevas tecnologías digitales de la información y de la comunicación, inteligencia artificial, entre otros”, agrega el proyecto.
La iniciativa incorpora como fines de la educación costarricense los temas de formación financiera, cultura ecológica y aplicación de la tecnología digital.
CONTRALORÍA
Sin embargo, la Contraloría menciona que tiene varias dudas sobre las modificaciones que este proyecto sentaría sobre el sistema educativo, en especial porque obliga al Estado a brindar clases virtuales.
“La implementación de esa modalidad educativa no requiere de una reforma legal, siendo que la educación es un derecho fundamental y el aseguramiento de la continuidad de este servicio es una obligación legal de las instituciones públicas a su cargo”, explica el ente contralor.
El órgano supervisor dice que se debe priorizar que el servicio tenga continuidad y no se interrumpa, por lo cual la opción de tener clases virtuales puede ser un complemento del servicio.
Inclusive, la CGR hace un llamado para que el gobierno también se enfoque en actualizar la normativa sobre juntas administrativas.
“Es necesario que en el país se realice una revisión profunda del marco normativo que regula el otorgamiento, propósito y rendición de cuentas en torno a los recursos públicos que perciben las juntas, aparte de explicitar la naturaleza jurídica de estas entidades”, agrega la opinión del órgano auxiliar legislativo.