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La Contraloría General de la República (CGR) planteó una serie de dudas a los diputados sobre el proyecto de ley que pretende establecer un plazo de moratoria para el pago de los préstamos de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape).
Se trata del proyecto de Ley 22.291 que se encuentra en la corriente legislativa y que busca extender un plazo de gracia para que los deudores con la Comisión tengan holgura en sus pagos, producto de las afectaciones que provocó la crisis sanitaria por el Covid-19.
“Para entender la dimensión de la crisis basta recordar que la tasa de desempleo supera la causada por la gran depresión en nuestro país y que nos enfrentamos a una caída superior al 5% del Producto Interno Bruto, en un escenario donde el déficit del gobierno ha sido estimado entre un 11,3 y un 11,5% por el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves”, menciona la justificación del texto.
La iniciativa que impulsa la liberacionista Franggi Nicolás menciona que inclusive podría ayudar a prevenir que las personas que se encuentran estudiando abandonen su carrera, hecho que podría perjudicarles en la obtención de un trabajo a futuro.
La moratoria sería por el plazo de un año y como requisito plantea que las personas beneficiadas demuestren que se han quedado desempleados, con jornada reducida, o si trabaja de manera independiente, que compruebe que se vieron afectados sus ingresos.
DUDAS
No obstante, la Contraloría hizo un llamado a los diputados porque considera que la iniciativa, de un solo artículo, no contempla varios aspectos necesarios.
“No se define en la propuesta legislativa sus implicaciones respecto al pago de capital, intereses corrientes y moratorios. Es decir, no existe claridad respecto a la forma en que deberá ser aplicada por parte de la institución”, opina el órgano contralor.
También hace mención de la necesidad de que se definan de manera más rigurosa las situaciones que justifiquen que las personas deudoras puedan acceder a ese beneficio.
“Se establece un plazo fijo de 12 meses para conceder moratoria, independientemente de un eventual cambio en las condiciones de los beneficiarios, de manera que se considera relevante el establecimiento de valoraciones posteriores dentro del plazo otorgado con el fin de determinar si la condición se mantiene o no”, agrega el documento.
Como medida de mitigación ante los aportes que no recibiría la institución, continuará con la recepción de las utilidades de los bancos, los cuales le corresponden por ley.
“Mientras que los ingresos por recuperación de préstamos que dejaría de percibir con la aprobación de esta ley corresponden a la mayor fuente de financiamiento con la que cuenta Conape”, añade la Contraloría.
Finalmente, el ente contralor menciona que la toma decisiones como estas se debe basar en información financiera y técnica que permita comprender los impactos que tendría la medida en la entidad.
El proyecto se encuentra en análisis de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.