Las presuntas donaciones de la empresa MECO a partidos políticos pudieron no pasar por la fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al menos esa una de las hipótesis que tiene el Ministerio Público en el caso Diamante.
En el informe Nº 043-SADEF-CI-2020 se dice que “Se denota la confabulación que tiene el personal de la empresa MECO, no se reduce únicamente al tema de las licitaciones o bien de la confección del cartel para su beneficio, sino, que ellos dan una serie de dádivas económicas a las personas, para que les realicen y agilicen trámites dentro de las municipalidades”.
Citan un oficio de Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, quién manifestó que los tesoreros de los partidos políticos están obligados a informar al TSE trimestralmente acerca de todas las contribuciones que reciban en dinero y, tratándose de contribuciones en especie, las que superaren el monto de dos salarios base.
Aclara que en el caso del período electoral municipal deben rendir un informe mensual donde deben identificar a los donantes e indicar el monto que cada uno de ellos aportó durante el período que se trate, así como precisar si las contribuciones fueron efectuadas para las actividades propias del partido o para apoyar a un candidato o precandidato oficializado.
“Solo podrán realizarse depósitos en forma personal e individual, de manera que se acreditará como depositante a la persona que realice la gestión bancaria en forma directa, salvo en los casos en que el partido político titular de la cuenta acredite fehacientemente la identidad de los contribuyentes”, dijo.
En este caso en particular, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habría pedido el listado de donantes y no se registraban los apellidos González Carballo y Gutiérrez Vargas. DIARIO EXTRA también consultó las bases de datos del TSE y tampoco encontró registros excepto un donativo de Carlos Cerdas, dueño de MECO en el año 2010.
Es por eso que el Ministerio Público presume que estos donantes no habrían realizado el depósito de manera personal o siguiendo los parámetros establecidos y lícitos, pues era claro el proceso que debían seguir.
Los investigadores concluyen que: “De la comunicación entre Abel González y Luis Fernando Gutiérrez (ambos exgerentes de MECO), se logró establecer que parte de la estrategia de estas personas, en relación a los alcaldes y futuros postulantes para el puesto, es ofrecer y entregar dinero para las campañas políticas, para asegurarse si la persona es elegida, les debe un favor, el cual una vez en el cargo deben devolver o pagar y con esto se garantizan obtener diferentes beneficios.
El Periódico de Más Venta hizo la consulta al TSE y Chacón señaló que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, en ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas, abrió dos investigaciones preliminares, bajo la modalidad de estudio especial.
Se trata de los expedientes N° DFPP-EE-008-2021 y N° DFPP-EE-009-2021, abiertos el 17 de noviembre de 2021.