La reglamentación vigente establece que los docentes de aula son quienes tienen la responsabilidad de aplicar las adecuaciones curriculares. No obstante, un estudio realizado por el Informe del Estado de la Educación demostró que poco más de la mitad de los docentes de primaria (56%) dijo sentirse preparado para aplicarlo, mientras que para secundaria el porcentaje se redujo al 37,8%.
Quienes respondieron de manera afirmativa, reconocieron que lograron obtener este conocimiento a través de la universidad, cursos de crecimiento profesional y hay quienes indicaron que fue de manera autodidacta.
El otro punto importante son las condiciones del aula, mismas que al parecer y a pesar de que existe una normativa que obliga a condicionar cualquier infraestructura con espacios accesibles, esto solo se cumple en el 40% de los casos analizados en primaria y es mucho menor en tercer y cuarto ciclo.
REALIDAD NACIONAL
A pesar de que la mayoría de los estudiantes no requiere de ningún tipo de adecuación curricular, o sea de ayuda especial para el buen desempeño de su aprendizaje, cada día son más los niños y jóvenes que luchan al enfrentarse a una educación que les brinda iguales oportunidades.
Según ha hecho referencia el último Informe de la Educación, este es un tema donde todavía el Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene mucho camino por recurrir, lo que significa una desventaja evidente para una población ya de por sí vulnerable a consecuencia de sus limitaciones físicas.
Existen varios tipos de adecuaciones, van desde colocar a un estudiante delante en el aula para que se concentre mejor, hasta aquellos que requieren de una persona especializada para que los ayude a comprender lo que está diciendo el docente, como en el caso de las personas sordas.
Estadísticas, el MEP evidencia que en los últimos años la aplicación de las adecuaciones ha venido en aumento, especialmente en primaria. Algunas de las razones analizadas por el Informe son: la falta de un enfoque clínico para determinar en qué casos se requiere esta atención y también hay algunos docentes que se encuentran aplicándolas a estudiantes que no las necesitan por una presión familiar.
Durante el año pasado, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP recibió y dio seguimiento a 229 casos por incumplimiento en su aplicación.