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Dos hombres de apellidos Sobrado Zamora y Mesén Bolaños, vinculados al caso conocido como “Distrito”, fueron asesinados tras salir del primer día del juicio.
Sobrado y Mesén se desplazaban en un vehículo cuando fueron abordados por dos sujetos en motocicleta en San Pedro de Montes de Oca.
En ese momento, uno de los ocupantes sacó un arma de tipo militar y empezó a disparar contra las personas que estaban dentro del automóvil. Dos de ellas resultaron impactadas por las balas, mientras que una tercera salió ilesa del ataque.
Tras el atentado, Sobrado y Mesén fallecieron dentro del vehículo producto de los impactos de bala recibidos.
Los fallecidos figuraban como imputados en el caso “Distrito”, en el que Sobrado era señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal que, aparentemente, enviaba droga hacia Europa, Asia y Norteamérica.
“Nos enteramos de que son dos personas que están involucradas en un juicio que tiene que ver con drogas, al parecer, según lo que dice el tercer pasajero y que sobrevivió al ataque, venían a sacar una copia del expediente y querían hacerlo en una fotocopiadora de aquí, por la calle de la Amargura”, dijo Domingo Argüello, alcalde de San José.
Las autoridades de la Policía Municipal de Montes de Oca hicieron un seguimiento de la motocicleta mediante cámaras de videovigilancia. Sin embargo, los ocupantes llevaban vestimenta oscura y casco, lo que dificultaba su identificación.
Sobrado se entregó en agosto de 2022, tras una investigación que sugiere la participación de colaboradores o presuntas redes de apoyo dentro del ámbito judicial.
En el caso de Mesén, quien era un exfuncionario judicial, también se le vincula con las actividades ilícitas de este grupo criminal.
El Poder Judicial confirmó a Grupo Extra que el juicio inició con la lectura de la acusación el martes 13 de octubre en el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada y que continuaría esta semana.
Caso Distrito
En apariencia, las personas vinculadas se asociaron de manera ilícita y conformaron una agrupación delictiva que se dedicó, entre junio de 2019 y agosto de 2022, a delinquir de manera constante mediante la posesión, el almacenamiento, la distribución, el transporte y la comercialización de drogas de uso no autorizado, específicamente cocaína, con fines de tráfico nacional e internacional, mediante su exportación a Europa, Asia y Norteamérica.
Asimismo, utilizaron empresas “fachada” para legitimar las ganancias ilícitas, adquiriendo, ocultando, transformando y encubriendo bienes muebles e inmuebles a título personal, a nombre de terceros o a través de sociedades, e introduciéndolos en el sistema bancario nacional, tanto público como privado.
El grupo criminal ejecutó el tráfico de cocaína por vía marítima, aérea y terrestre. Estas acciones delictivas, mediante la distribución de funciones, se coordinaron desde sus centros de operaciones establecidos en localidades como Piedades de Santa Ana, Escazú y Guachipelín.
Durante ese periodo, el modelo ilícito utilizado por dicha estructura consistía en poseer y almacenar la cocaína en diferentes centros de distribución, almacenes y viviendas, específicamente en localidades como Santa Ana, Río de Oro y Salitral.
Una vez almacenada la droga, la organización criminal transportaba los paquetes de cocaína por carretera hasta diferentes zonas del país, mediante vehículos que modificaba con compartimentos ocultos tipo “caletas”, para posteriormente exportarla por vía aérea y marítima a diferentes continentes, entre ellos Europa, Asia y América del Norte.
Cada miembro de la estructura criminal habría tenido una función determinante en el trasiego nacional e internacional de cocaína y marihuana, así como en las acciones para legitimar los capitales provenientes de la actividad ilícita del narcotráfico.