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El Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica expusieron posiciones distintas sobre el proyecto de Ciudad Gobierno, durante la discusión del Expediente legislativo 25.725.
El desacuerdo gira en torno a la cesión de un terreno de 10 mil metros cuadrados que le pertenece vía ley al centro educativo y las posibles consecuencias para el futuro de la institución educativa.
Mientras el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, defendió la iniciativa y aseguró que el colegio conservará sus instalaciones, los representantes de la Junta advirtieron que la pérdida de esa propiedad limitaría las posibilidades de ampliar el centro educativo.
“El Liceo de Costa Rica, por aquello que haya alguna duda, se queda donde está. La infraestructura no va a ser modificada ni las aulas, ni los edificios administrativos, ni la piscina ni nada. Esto es innegociable. El Liceo de Costa Rica lo donde está la infraestructura”, dijo Sánchez.
Por su parte, David Soto, representante de la Junta Administrativa sostuvo que el terreno tenía como propósito permitir futuras ampliaciones del colegio y que su pérdida podría afectar las posibilidades de responder a nuevas necesidades.
“Se buscaba justamente dotar al Liceo de la posibilidad de expandir sus instalaciones hacia esa manzana sur que nunca estuvo escriturada, por cierto, a nombre del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por lo que también creemos que no es una restitución, sino que es un acto de desapropiación”, dijo Soto.
La Junta Administrativa aclaró que no busca necesariamente una compensación económica como si se tratara de una expropiación, pero sí considera que el Estado debe compensar al colegio por la pérdida del terreno. Entre las alternativas planteadas está reconocer esa afectación mediante otros espacios o un mecanismo que garantice recursos a largo plazo.
“No podemos decir aquí ni venimos a plantearles a ustedes que esperamos que se dé una restitución económica como si se tratara de una expropiación, pero sí podemos decir que el interés público que está comprometido aquí tiene que ser debidamente compensado”.
Soto aclaró que la Junta no se opone al proyecto de Ciudad Gobierno, pero considera necesario establecer medidas que compensen las limitaciones que enfrentaría el centro educativo.
Los diputados integrantes de la comisión también tuvieron posiciones distintas. Diputados de oposición señalaron que el Estado debe de pagar por el terreno, mientras que el oficialismo indicó que lleva más de 50 años sin realizarse una obra.
“La compensación me parece muy oportunista pretender una compensación porque el Estado haga uso de un bien que es del Estado; me parece absurdo que se pague por algo que no es de ustedes”, dijo Juan Manuel Quesada, diputado del PPSO y presidente de la comisión.
Al contrario, Vianey Mora del Frente Amplio insistió en una afectación para el Liceo de Costa Rica.
“Estamos ante una afectación clara de la propiedad de la institución. Y aunque don Leonardo (Sánchez) nos ha dicho cuál es el plan de inversión, todavía nos queda el sin sabor es que esas mediadas de compensación no están en el proyecto de ley ni en ninguna moción, pero necesitamos un mayor blindaje”, señaló la congresista.
El legislador de Liberación Nacional, Rafael Vargas, cuestionó que se minimice la importancia del terreno para el funcionamiento del centro educativo y señaló que las juntas administrativas cumplen un papel importante en el mantenimiento de escuelas y colegios ante las limitaciones presupuestarias del MEP.
El proyecto se discute en la Asamblea Legislativa mediante el Expediente 25.725, que plantea modificar el destino de la propiedad para facilitar el desarrollo de Ciudad Gobierno, un megaproyecto que pretende albergar más de 30 instituciones públicas en el centro de la capital.