Directorio legislativo declaró temas confidenciales sin sustento jurídico 

La Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa señaló una serie de deficiencias que comprometen la legalidad, transparencia y validez jurídica de las actas del Directorio Legislativo, según el informe AL-AUIN-INF-0011-2025.

Entre ellos, cuestionó la declaración de artículos como “confidenciales” sin una justificación jurídica individualizada, lo que, según el informe, contraviene el artículo 30 de la Constitución Política y el 274 de la Ley General de la Administración Pública, que obligan a motivar toda restricción al acceso a la información.

El estudio, que revisó el proceso de emisión, formalización y publicación de las actas entre enero de 2023 y julio de 2025, reveló que varios documentos fueron publicados en el sitio web institucional sin contar con las firmas oficiales del jerarca ni la debida aprobación del órgano colegiado. De acuerdo con el propio informe, esta situación podría implicar una “potencial falsedad material en documento público”.

“Estas prácticas no solo contravienen el principio de publicidad y el derecho constitucional de acceso a la información, sino que socavan la transparencia institucional y el control ciudadano, limitando la función fiscalizadora de este órgano asesor, al impedirle ejercer su labor de prevención y mejora continua”, señala el documento.

Además, en varias actas revisadas, se limitó a incluir la frase genérica prevista en la Ley contra la Corrupción y la Ley de Control Interno, sin detallar las razones que respaldaran esa clasificación.

Meses de atraso

El texto señala que, en algunos casos, las actas fueron divulgadas con atrasos de hasta dos meses, mientras otras se encontraban pendientes de firma, pese a que ya habían sido publicadas en el portal legislativo.

“Tras una verificación física realizada por el equipo fiscalizador el 2 de junio de 2025 en la Gerencia General (instancia encargada de levantar las actas del Directorio Legislativo1), se constató que la última acta de este órgano debidamente oficializada a esa fecha era del 5 de marzo de 2025, pese a que desde entonces se habían celebrado 9 sesiones adicionales”, advirtió la Auditoría.

También se denunciaron omisiones de información relevante en el contenido de las actas, como deliberaciones e intervenciones de los miembros del Directorio, así como la ausencia de transcripciones literales de los acuerdos adoptados, lo que incumple lo dispuesto en los artículos 50 y 56 de la Ley General de la Administración Pública.

El órgano fiscalizador recalcó que esta situación limita el acceso a la información pública y debilita el sistema de control interno institucional, pues impide una fiscalización oportuna y preventiva.

Incluso, la Auditoría había advertido desde 2023 y nuevamente en 2025 sobre los atrasos en la disposición de las actas, sin que se implementaran medidas correctivas.