La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sesionó por última vez el 10 de octubre, día en que se conocieron las medidas cautelares en contra de cuatro de sus directivos, quienes fueron suspendidos por estar involucrados en la investigación del caso Barrenador.
Pese a que se espera un criterio técnico de la dirección jurídica para definir si pueden seguir trabajando, pese a la ausencia de cuatro funcionarios (entre ellos la presidenta ejecutiva Marta Esquivel), no se conoce cuándo volverán a reunirse para discutir temas relevantes para el funcionamiento de la Caja.
Esto tomando en cuenta que tanto la jerarca como la persona que puede sustituirla, Zeirith Rojas, vicepresidente de la directiva, también estará suspendido por medio año.
Pese a que en su momento Presidencia aseguró que esperaría la resolución de la apelación impuesta por el Ejecutivo, el presidente Rodrigo Chaves apuntó al Poder Judicial como culpable de que la junta no esté sesionando.
Según el mandatario, la presidenta ejecutiva presentó un recurso de habeas corpus, el cual esperan que la Sala Constitucional resuelva rápidamente para tomar una decisión.
“¿De quién es culpa esta situación? Si ya lo hemos dicho mil veces, la ley dice se investiga para detener, no se detiene para investigar. Se separa del cargo cuando hay riesgo, no cuando a un juez posiblemente influenciado dice ‘usted se tiene que retirar del cargo seis meses’.
Estamos midiendo y evaluando hasta dónde van a querer atrasar lo que a todas luces debe ser la prioridad de la Corte Plena, que llamen a los magistrados”, manifestó Chaves.
Los cuatro imputados a los que se les impusieron medidas cautelares están involucrados en la adjudicación de 138 equipos básicos de atención integral en salud (ebáis) para 10 áreas de salud en la Gran Área Metropolitana por un monto de ¢3.929 millones.
