Diputados tendrán última palabra sobre inmunidad de Chaves

La Asamblea Legislativa recibió la resolución de la Corte Plena que aprueba levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

Ahora serán los diputados quienes definirán si prospera la solicitud de la fiscalía general y se elimina al mandatario el fuero que lo protege en los procesos penales. 

“El reglamento de la Asamblea Legislativa establece la conformación de una comisión de tres diputados o diputadas para hacer el análisis de los más de 600 folios que tiene este expediente. Una vez que esta comisión haya conocido el fondo del expediente, entonces emitirá una recomendación al plenario y el plenario conocerá esa recomendación para efectos de proceder con la votación correspondiente”, explicó el legislador Gilberto Campos.

La Presidencia del Congreso debe anunciar la fecha para la lectura del informe, acto que se realiza en presencia del acusado si asiste.

La discusión y votación del informe deben realizarse en la misma sesión. Si se acerca la hora de cierre sin haberse agotado la lista de oradores, se da por concluido el debate y se procede a votar.

Para que haya lugar a formación de causa, se requiere el voto afirmativo de al menos dos tercios del total de diputaciones. Sea que el Plenario apruebe o rechace el informe, la decisión se comunica de inmediato a la Corte Suprema de Justicia, para los efectos correspondientes conforme a derecho.

¿Por qué se le investiga a Chaves?

De acuerdo con el Ministerio Público, el presidente Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según la tesis de la Fiscalía, RMC La Productora S.A., propiedad de Bulgarelli, obtuvo un contrato para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de opinión pública a la Presidencia de la República durante el periodo 2022-2026. La causa penal fue registrada con el número 25-000019-0033-PE y se le señala al mandatario de haber cometido el supuesto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal.

“Se impondrá prisión de dos a ocho años, el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”, dicta la norma.

Gilberto Campos

PLP

“Habrá que esperar a la conformación de esa comisión que seguramente será votada en el plenario, luego se votará y se procederá conforme lo establece el reglamento de la Asamblea Legislativa”.

Rocío Alfaro

Frente Amplio

“Es un procedimiento que debe de llevarse con mucho cuidado para cumplir con todas las garantías que se establecen en nuestra constitución y también el reglamento legislativo”.

Oscar Izquierdo

PLN

“Es un hecho único y de enorme trascendencia para nuestra democracia. En momentos como este, la responsabilidad con la institucionalidad y el respeto a la separación de poderes deben prevalecer”.

Alejandro Pacheco

PUSC

“A partir de ahora necesitamos hacer un procedimiento de acuerdo con la Constitución Política. La fracción Unidad va a estudiar y va a revisar bien el tema para ver qué procede una vez que analicemos el expediente”.