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El más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evaluó positivamente a Costa Rica en cuanto a políticas para prevenir la corrupción, aunque advirtió que existen vacíos legales para regular el lobby o cabildeo.
El lobby es cuando personas, empresas o grupos buscan influir en decisiones del Gobierno o de los diputados para que se aprueben leyes o políticas que les favorecen.
El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026 presenta a Costa Rica como un país con un desempeño superior al promedio de la OCDE en la mayoría de las áreas de implementación práctica.
Según el informe, el país “cumple con el 0 % de los criterios prácticos de la OCDE en materia de lobby”, pese a que regula las interacciones entre jerarcas de instituciones públicas y los intereses externos mediante una serie de normativas. Además, el país no define conceptos de lobby, no establece sanciones por faltas en esta materia ni prevé el control del Gobierno para velar por la transparencia de estas actividades.
Diputadas: “Es necesario regularlo”
Algunas diputadas de la Asamblea Legislativa consideran que es importante regular y transparentar el lobby, especialmente en el primer poder de la República.
“Yo creo que hay que regularlo. Es que no puede ser que aquí grupos económicamente poderosos o que están en un sector determinado vengan a convencer a los diputados de probar un proyecto de ley alejado de lo que el país necesita”, dijo la diputada oficialista Pilar Cisneros a Grupo Extra.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, aseveró que la OCDE ya ha advertido sobre este vacío legal en informes anteriores, por lo que su bancada, asegura, ya lo había propuesto en una iniciativa de ley.
“Lo que se propuso en ese proyecto de ley es regularlo (el lobby) creando una base de datos pública en donde cada diputado tiene que registrar el lobbyista con el que se reúne y de qué sector es”, dijo Guillén.
Una deuda pendiente
En 2025, Guillén llevó nuevamente al plenario una iniciativa para regular estas actividades, a través del expediente 25.170, “Ley para Fortalecer la Autonomía de las Personas Funcionarias del Sector Público Costarricense frente a los riesgos de la captura de la decisión pública”.
“Presentamos este proyecto de ley desde que empezamos, porque la OCDE ya había hecho estas advertencias. Lamentablemente ese proyecto me lo archivaron en la Comisión de Gobierno y Administración y yo lo volví a presentar”, dijo Guillén.
La diputada añadió que la bancada del FA en el próximo período legislativo impulsará medidas al respecto.
Esta no es la primera vez que la OCDE advierte sobre los vacíos legales en esta materia.
Lo hizo también en 2022 y mencionó que ninguna de las iniciativas en la Asamblea Legislativa, al menos desde 2014, ha prosperado. También hizo hincapié en que, de no tomarse medidas al respecto, las decisiones gubernamentales podrían favorecer a “pocos grupos poderosos”.
“Es una práctica común”
El analista político Sergio Araya aseguró que el país debe implementar leyes para regular estas actividades para que las decisiones políticas no se tomen con base en los intereses de sectores específicos. “El cabildeo que es una práctica común. No es una práctica insana ni debe de satanizarse, pero sí es importante que esté debidamente regulada y se tenga claro, por ejemplo, cuáles son los procedimientos, las organizaciones”, dijo Araya.
Pese a esto, la OCDE evaluó de forma positiva que Costa Rica opere bajo la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 (ENIPC), la cual fue sometida a consultas públicas e intergubernamentales.
Alejandro Pacheco
Diputado del PUSC
“Existen lobistas desde hace muchos años, creo que por transparencia es importante regularlo como se hace en otros países del mundo”.
Pilar Cisneros
Diputada oficialista
“Yo sí creo que hay necesidad de controlar eso y que la gente sepa que a tal diputado lo vinieron a ver tales personas de tal grupo”.
Sergio Araya
Analista político
“La OCDE es muy cuidadosa y constantemente está pendiente de que los países que integran la organización satisfagan los estándares”.


