Un segundo informe elaborado por el Frente Amplio fue rechazado por el PLN y el PUSC
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa pidieron al Ministerio Público que ampliara sus investigaciones judiciales contra seis exalcaldes que están vinculados con el caso Diamante. Con criterio dividido, los legisladores aprobaron un informe de minoría, en el que se urge acelerar acusaciones formales y garantizar juicios contra Johnny Araya Monge (San José), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole De León (Osa).
La misma solicitud hicieron para Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Mario Redondo Poveda (actual alcalde de Cartago).
El informe, presentado por el Partido Nueva República (NR), también pide indagar si los antes mencionados e incluso empresas constructoras ligadas al caso cometieron cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias, corrupción u otros delitos. Igualmente señala que hubo fallas significativas en los mecanismos de supervisión y control, inacción frente a alertas emitidas por la Contraloría General de la República, uso ineficiente de los recursos públicos y desvíos que afectaron la hacienda pública.
“Hubo altas concentraciones de contratos, modificaciones unilaterales, pago de facturas sin orden de compra”, manifestó Yonder Salas, de NR. Otros funcionarios a los que se pide investigar son Cristian Boraschi, exgerente del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Escazú, y Gustavo Alonso Mayorga, exregidor de la Municipalidad de Golfito.
Otras recomendaciones
Algunas de las sugerencias son realizar cambios a la Ley de Contratación Pública y la Ley General de Control Interno.
Asimismo, recomienda a la Contraloría General de la República que implemente auditorías más rigurosas, con sanciones administrativas y destituciones para los funcionarios implicados. A los gobiernos locales se les advierte sobre controles internos más estrictos, capacitar a los funcionarios de contratación y proveeduría en ética pública, normativa de compras y manejo de fondos públicos, así como certificar dicha capacitación para el ejercicio de puestos clave en el manejo de fondos públicos.
Del mismo modo, el informe pide implementar el uso de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial para detectar anomalías en concentraciones de contratos, sobrecostos, montos y plazos inusuales o cambio en estos.
El documento pasará a manos del plenario legislativo para iniciar su discusión.
