A comisión legislativa, advierten constitucionalistas
Los diputados de la Comisión Investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), encargada de esclarecer los señalamientos que pesan contra varios funcionarios de dicha institución por el caso Barrenador, acordaron de forma unánime convocar al presidente de la República Rodrigo Chaves.
En caso de que una persona se niegue a rendir cuentas ante los congresistas, la Asamblea Legislativa puede ordenar a la Fuerza Pública que la traiga ante la comisión, sin embargo, en este caso dos abogados constitucionalistas señalan que no se podría aplicar esa medida al mandatario.
De acuerdo con Luis Felipe Rodríguez, la Policía no podría seguir el reglamento de la Asamblea que permite dicha posibilidad, tomando en cuenta que hasta resulta contradictorio, pues constitucionalmente el mandatario es el jefe de las fuerzas policiales.
“Mi criterio es que básicamente, porque la persona que ostenta la Presidencia de la República no es cualquier persona, sino que ejerce evidentemente un cargo importantísimo en cualquier democracia, será el presidente el que decida si comparece voluntariamente o no, pero sí considero que, si la Asamblea Legislativa lo hace traer a través de la Fuerza Pública, sí violenta en muy buena medida el principio de poderes y el sistema presidencialista que tenemos en Costa Rica”, explicó.
Asimismo, el constitucionalista Ewald Acuña señaló que esto no era algo probable porque el mandatario posee inmunidad.
DIARIO EXTRA consultó al Ministerio de Comunicación una reacción ante el llamado de los diputados, sin embargo, al cierre de edición no tuvimos respuesta.
ANUENCIA
No obstante, vale resaltar que con anterioridad el presidente Chaves se ha mostrado anuente a rendir cuentas en el Congreso, pues en febrero de este año incluso reclamó a los diputados de la Comisión Investigadora de Financiamiento de Partidos Políticos que no lo llamaran a comparecer.
“A mí me acusan y me encuentran culpable sin siquiera haberme llamado o haberme hecho una pregunta en el proceso (…), eso es inconstitucional y demuestra la manera en que se manejó eso”, agregó el presidente en esa oportunidad.
La medida fue impulsada por la diputada frenteamplista Rocío Alfaro, quien argumentó que querían escuchar de boca de la máxima cabeza del Ejecutivo qué sabía sobre los hechos.
Cabe destacar que esta moción fue aprobada inclusive por Daniel Vargas, diputado oficialista.
“Nos pareció pertinente por dos razones: una, porque ya ha sido mencionado como un actor que ha generado injerencia sobre las decisiones que la Caja ha tomado, que la junta directiva ha tomado; pero también porque nos parece que él también tiene derecho a dar su versión de los hechos.
Esto fue un error que cometió otra comisión investigadora y no queremos que esta comisión tenga ese tipo de vicios para que nuestras recomendaciones sean realmente de peso”, mencionó Alfaro.
De esta forma, Chaves se convierte en el tercer gobernante del país que es llamado a cuentas ante los diputados mientras se encuentra en ejercicio, luego de que sus antecesores Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado fueran llamados a comparecer por el “Cementazo” y el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), respectivamente.
