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La semana anterior diputados de la Comisión de Hacendarios dieron a conocer una serie de irregularidades en el proyecto de modernización de las tiendas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), donde señalan un eventual conflicto de intereses en que que incurrieron el presidente de esa institución, Carlos Alvarado Quesada, y el representante legal de Aeris Holding CR, administrador de los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber.
Según los cuestionamientos, Aeris tendría injerencia directa en la designación mediante licitación de la empresa que administraría las tiendas libres de impuestos, que generan ganancias de ¢2.700 millones al año.
“Es evidente no solo por lo interactuado sino por lo que está escrito en el convenio que Aeris tiene una participación directa en condición de asesor, pero que le llegara toda la información privilegiada sobre el proceso para licitar esa contratación directa”, dijo el verdiblanco Rolando González.
Ante el panorama que cuestionaron este legislador y compañeros como Mario Redondo y el libertario Otto Guevara está que se aprobó la moción para que exjerarcas de IMAS sean convocados a la comisión, al igual que el expresidente de la Cámara de Comercio, Francisco Llobet.
Sus aportes permitirán un escenario más amplio para valorar si la intención del proyecto de modernización de las tiendas del IMAS en los aeropuertos es con el fin de beneficiar directamente a una multinacional que trabaja de la mano con Aeris en proyectos que administran en otros países.
“Ahora vamos a escuchar a otras personas que han ocupado la presidencia ejecutiva de la institución para ver cuáles son las apreciaciones que tienen, igualmente al presidente la Cámara de Comercio, porque aquí hay una incidencia de los proveedores nacionales y obviamente se abre una expectativa para que las transnacionales que representan tiendas libres en los aeropuertos de todo el mundo”, aseguró.
Los legisladores han calificado el asunto como de mucha gravedad y hay señales de un conflicto de intereses, pese a que la Contraloría General de la República conoció y avaló el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa, donde no logró esta dependencia identificar la participación de Aeris, atentando contra la sana administración del sector público.