El diputado Jonathan Prendas del bloque independiente de Nueva República presentará una moción para que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público abra una investigación por el mal manejo en la entrega de Bonos Proteger que hizo el Gobierno.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló el desorden en la entrega del programa asistencialista del Gobierno al entregar hasta ¢7.490 millones en bonos a poblaciones con impedimentos para recibir el subsidio, entre ellas personas fallecidas, privados de libertad y funcionarios públicos.
Prendas indicó a DIARIO EXTRA que el 11 de enero próximo (cuando los diputados regresen de sus vacaciones) presentará la moción.
La misma incluirá audiencias con la recién nombrada ministra de Presidencia, Geannina Dinarte, que tuvo a su cargo la coordinación de entrega de bonos siendo jerarca de Trabajo y el presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermudez, también responsable.
“Rechazar sin argumentos los cuestionamientos de la Contraloría por la pésima gestión y entrega del Bono Proteger, como ha señalado Dinarte, es olvidarse que como empleada pública debe dar cuentas por todo el dinero que se les aprobó para asistir a los sectores más vulnerables durante la pandemia, en especial los más de ¢7 mil millones que se transfirieron incluso a personas ya fallecidas. La práctica del PAC de promover la impunidad debe acabar”
CUESTIONAMIENTOS
El análisis del ente contralor demostró que el Ministerio de Trabajo y el IMAS ejercieron débiles controles en bases de datos para las validaciones de las exclusiones e inclusiones al beneficio y otorgó a ciegas miles de millones de colones a personas que no lo requerían.
Además detectó con las mismas fuentes de información que personas sin afectación laboral, privados de libertad, muertos y personas con otros subsidios superiores a ¢50.000 recibieron el bono.
¿Qué reveló el informe?
Se giraron entre ¢3.759 millones y ¢7.556 millones a personas que proporcionaron información falsa.
Hasta 6 miembros de una misma familia recibieron el bono.
El 16,4% de personas con impedimentos para recibir el bono lo obtuvo.
34.216 beneficiarios recibieron bonos mensuales de ¢125.000, cuando les correspondía ¢62.500.
4.252 personas dejaron de percibir el bono sin una justificación aparente.
Al 31 de julio de 2020 se entregó a 533.689 personas, que representaban el desembolso de ¢164.606 millones.
La cantidad de solicitantes ascendió a 975.371, de los cuales 533.689 recibieron el bono, es decir el 54,7%.
El 47,9% de los solicitantes eran hombres, mientras que el 52,1% mujeres.
Según condición de afectación reportada, los solicitantes se dividían en personas despedidas (22,4%), con suspensión temporal de contrato (6,0%), con reducción temporal de jornada (10,3%), trabajadoras informales/temporales (23,2%) e independientes (38,2%).