No es antojadizo
La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó una moción para incrementar los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
En concreto, se fijó un 2%, lo cual representa ¢11.521 millones más para las universidades públicas.
La moción 107 fue impulsada por Paulina Ramírez y fue respaldada por José Joaquín Hernández, Gilbert Jiménez, Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Felipe García, Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA).
En contra votaron Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista, y respaldado por José Pablo Sibaja, de Nueva República; junto con Pilar Cisneros y Ada Acuña, afines a Zapote.
“No es antojadizo. Ayudará a las universidades, mejorará las condiciones de los estudiantes”, sostuvo el diputado Jiménez.
La aprobación del 2% se dio tras constantes recesos y reuniones entre diputados. Los que votaron en contra recalcaron que los partidos tradicionales “se pusieron de acuerdo” y “por debajo de la mesa” para aprobar los recursos.
“No es posible darles más a las universidades que les sobra la plata. ¡No actuaron con la verdad! Muchos dijeron ‘no apoyaremos el 2%’, pero quedó demostrado que algunos no tienen palabra. ¡Me da vergüenza! No se actuó con transparencia”, dijo la legisladora Cisneros.
UNA MOCIÓN ANTES
Previamente, los diputados habían aumentado 0,8%, lo que representaba ¢4.655 millones más para las universidades públicas. Dichos fondos saldrían del pago de intereses de la deuda.
La propuesta estaba muy por debajo de los fondos sugeridos por Gobierno (1%) y de la planteada por las casas superiores de estudio (4,06%). (…). Lamentablemente, la plata no alcanza para todo lo que quisiéramos hacer. El presupuesto de Gobierno tiene una distribución de 77% para la primaria-secundaria y un 23% para el FEES. Creemos que debe haber otra proporción: 79% para la educación general y 21% para las universidades”, expresó el liberal.
Sin embargo, al aprobarse una nueva moción, los recursos incrementaron al 2%.
Tras la aprobación de propuestas, que la mayoría provenían de recursos de la deuda, la Comisión de Hacendarios dictaminó el Presupuesto Ordinario 2025.
IRRESPONSABILIDAD
Previamente, en declaraciones a DIARIO EXTRA, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, así como Laura Fernández, titular de la Presidencia, aseguran que incrementar el dinero para el FEES es un acto de irresponsabilidad.
“El Gobierno de la República espera que la Asamblea Legislativa tome una decisión responsable y razonable con las finanzas públicas. La Contraloría ha dicho que el aumento de 4%, pretendido por las universidades está muy lejos de la realidad económica del país y no tiene una relación proporcional con la inflación que ha tenido nuestro país (…). De nuestra parte, haremos la apuesta al monto inferior y, además, permite a las universidades operar adecuadamente”, señaló Fernández.
La propuesta de Gobierno es el mismo monto que el año pasado: ¢576.087 millones para la educación superior. Por su parte, los rectores solicitaron un incremento de 4,06%, lo que representa ¢23.389 millones.
“El FEES debería haberles alcanzado (a las universidades). No deberíamos darles otro tanto, ¡sería un acto de irresponsabilidad! ¡La distribución no es correcta!”, sostuvo Acosta.
El jerarca indicó que el monto de 1%, sugerido por el Gobierno, mantiene el valor real del FEES, sin embargo, hay casas de estudio que no están enfocadas.
“Hay algunas que están alineadas con temas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y reciben menos recursos de los que deberían y creo que hay un grupo de diputados responsables en materia fiscal.
El PLN y el FA siguen diciendo que el 2% (para las universidades), pero eso es preocupante y demasiado laxa en relación con la situación de la economía costarricense”, sostuvo.
La Constitución Política establece que el 8% del Producto Interno Bruto debe ser dirigido para educación, no obstante, en las últimas administraciones, incluida la de Rodrigo Chaves Robles, no se ha cumplido con ese mandato.
De acuerdo con el artículo 178 de la Constitución Política, el presupuesto debe estar aprobado antes del 30 de noviembre.
