Auditoría interna: “Recursos carecen de fundamento jurídico”
Un informe de la auditoría interna del Congreso cuestiona los recursos públicos que se destinan para la compra de bocadillos a diputados, monto que para el 2023 superó los ¢27 millones.
El cual documento señala que dichos gastos “carecen de fundamento jurídico” y, además, son contrarios a lo establecido por la Contraloría General de la República (CGR), la cual ha dicho que el servicio de alimentación con fondos públicos debe ser “en casos esporádicos” y “en carácter excepcional debidamente justificado”.
“La Asamblea Legislativa incurre en gastos por concepto de servicios de alimentación para reuniones de trabajo ordinarias y sesiones del Plenario Legislativo, los cuales resultan improcedentes siendo que carecen de sustento jurídico y son contrarios a numerosos criterios emitidos por la CGR (…)”, se lee en el documento.
El informe, del cual Diario Extra tiene copia, revela que la administración del Congreso adquirió servicios de alimentación para cinco sesiones de Plenario de mayo de 2023, “sin disponer de respaldo contractual adecuado” y utilizando la figura de caja chica.
Lo anterior, a pesar de que desde el 2019, el Departamento de Proveeduría y el Financiero advirtieron que no se podía tramitar, por la vía de caja chica, el pago de alimentación para dichas sesiones, comisiones legislativas y otras actividades institucionales.
Por otra parte, precisa que los controles implementados por el Congreso para la recepción, el pago y suministro de los servicios de alimentación y bebidas presentan “debilidades que limitan brindar una garantía razonable”.
Se financian gastos de alimentación para eventos ordinarios, reuniones de jefes de fracción, sesiones semanales del Directorio Legislativo y actividades de otros grupos institucionales.
Además, se sufragan los gastos de la alimentación que se da a los diputados en el cafetín durante las sesiones del Plenario.
Sobre ese tema también hubo señalamientos, ya que la adjudicataria debía proporcionar un servicio de bocadillos para un máximo de 50 personas. La porción por legislador para cada sesión consiste en dos raciones de frutas, dos bocadillos salados y uno dulce.
El informe encontró que la cantidad que regularmente se recibían eran solo 30 porciones diarias y no las 50 señaladas en el contrato, lo cual ocasionaba una insuficiencia.
Del mismo modo, se indicaron inconsistencias en facturas, ya que se suscribe una cantidad de bocadillos, pero se entrega otra distinta.
La auditoría solicitó a Karla Granados, gerente general del Congreso, remitir un oficio para que, en el periodo de 10 días hábiles, se comuniquen acciones reme diales y en dos meses se informe sobre mecanismos de control.
Se ordena suspender la práctica de sufragar gastos ordinarios de alimentación con fondos públicos.
Pilar Cisneros
Jefa del oficialismo
“Nunca he estado de acuerdo con este tipo de gastos. ¿En qué empresa privada les ofrecen bocadillos a sus empleados? Si un diputado tiene hambre, que se lo traiga de su casa”
Karla Granados
Gerente general del Congreso
Hemos hecho análisis de dicho informe y esta auditoría nos permite establecer puntos de mejora. Buscaremos hacer un buen uso, los recursos públicos, transparentar y tener controles rigurosos.
