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Trece diputados de distintas fracciones presentaron una consulta a la Sala Constitucional sobre el expediente 22.834 conocido como “capitales emergentes”.
El texto fue aprobado la semana anterior y para este miércoles debía votarse en segundo debate, no obstante, los legisladores presentaron una Consulta de constitucionalidad sobre el texto, asegurando que dicha iniciativa “amenaza derechos fundamentales” y violenta el derecho de propiedad privada y la presunción de inocencia
El texto, que reforma la Ley contra la Delincuencia Organizada, congelaría los bienes de una persona cuando se detecte un “incremento patrimonial sin causa lícita aparente”.
Es decir, permitiría al Estado confiscar bienes cuando existan únicamente sospechas de su procedencia o que su origen esté relacionado con actividades delictivas
A lo anterior, se suma que el texto, aprobado en Primer Debate, podría afectar la propiedad privada, sus actividades económicas y podría ser inconstitucional.
Igualmente, permitiría al Ministerio Público solicitar medidas cautelares anticipadas, como el secuestro de bienes, sin necesidad de una denuncia formal y sin la presentación de pruebas suficientes.
Finalmente, El proyecto señala que “una vez adoptada la medida se concederá audiencia a las partes por tres días hábiles sin efectos suspensivos”. En dicha instancia, las personas a las que se les haya incautado los bienes deberán demostrar que su origen no es ilegítimo.
Los diputados que consultaron el texto fueron Luis Diego Vargas, Gilberto Campos, Johanna Obando, Kattia Cambronero Aguiluz (Partido Liberal Progresista-PLP), Vanessa Castro, Carlos Felipe García (Partido Unidad Social Cristiana-PUSC), Dinorah Barquero, Paulina Ramírez, Danny Vargas Serrano (Liberación Nacional-PLN), José Pablo Sibaja, Fabricio Alvarado, David Segura (Nueva República-NR) y la independiente María Marta Padilla.
Distintos expertos asegura que la iniciativa es inconstitucional ya que violenta los artículos 37 (inocencia) y 45 (propiedad privada) de la Constitución Política.
Con la decisión de enviar el texto a consulta, se frena su discusión por un periodo de 30 días naturales.
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