
El proyecto que busca frenar la crisis de médicos especialistas presentado por la diputada María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que es impulsado por el oficialismo para declarar inopia y facilitar su contratación temporal, ya enfrenta resistencia en el Congreso entrante.
Principalmente en las otras dos bancadas numerosas que tendrá la próxima Asamblea Legislativa, ya que diputados electos del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN) anticipan cuestionamientos de fondo al plan.
El futuro jefe de bancada frenteamplista José María Villalta, aseguró que su fracción comparte la preocupación por la escasez de especialistas, pero discrepa de la vía propuesta por el Gobierno.
“En la crisis de especialistas, estamos de acuerdo en que hay que solucionarlo,
hay que atenderlo, tenemos dudas sobre la solución que plantea el gobierno, porque lo que está planteando es bajar los requisitos para traer especialistas de menor calidad al país”, explicó.
Villalta advirtió que Costa Rica cuenta con profesionales altamente capacitados que abandonan la Caja Costarricense de Seguro Social por condiciones laborales adversas. Señaló que la Ley de Empleo Público y la falta de salarios competitivos inciden en esa salida.
“Entonces tenemos que atacar la causa del problema, no generar un nuevo problema tirándole a la Caja a los profesionales peor preparados, sino más bien atacando la causa”, agregó.
En esa línea, el frenteamplista plantea que antes de flexibilizar requisitos se revisen los factores que desincentivan la permanencia de especialistas en el sistema público.
Dudas constitucionales
Desde Liberación Nacional también surgen reparos. La diputada electa Janice Sandí, quien fungió como presidenta de la Unión Médica Nacional afirmó que conocen a profundidad el proyecto y que detectan “severas falencias desde el punto de vista constitucional”.
“Utilizaremos todas las herramientas legislativas disponibles para que podamos caminar hacia la consecución de un mejor servicio hospitalario y de especialistas, pero con un marco legal que beneficie a todas las partes”, indicó.
Aunque no confirmó una oposición generalizada, Sandí sostuvo que la bancada verdiblanca lleva una misma línea de pensamiento.
“La fracción del PLN es una fracción absolutamente sólida y unida y vamos analizando tema por tema y con posiciones evidentemente de consenso dentro de la fracción, así es como funciona una bancada legislativa”, subrayó.
El objetivo es mejorar el servicio hospitalario y el acceso a especialistas, pero sin comprometer la seguridad jurídica ni la calidad de la atención.
Pedido desde Zapote
Pese a la oposición del gremio, esta iniciativa cuenta con la venia de Zapote, incluso fue uno de los siete proyectos urgentes que la presidenta electa Laura Fernández pidió avanzar a los diputados antes de terminar su periodo.
Según la futura mandataria, este expediente “permitirá mejorar la calidad de la atención que reciben los costarricenses y mejorar la dotación de médicos especialistas”.
No obstante, para el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), no resolverá la crisis.
“Es un proyecto que no suma, solamente resta. Si ya tenemos problemas para llenar ‘superespecialidades’, con estas condiciones la formación quedaría con un diagnóstico muy grave”, advirtió Mario Quesada, presidente del movimiento.
El sindicalista cuestionó que se pretenda obligar a especialistas a asumir contratos prolongados en zonas alejadas sin incentivos económicos ni mejoras laborales.
La diputada Carballo, por su parte, rechaza las críticas y señala al sindicato de querer manipular la información.
“No es de extrañar, ellos son los que han querido manejar la formación de especialistas. A ellos son los que les conviene que no exista una oferta adecuada de especialistas en el país. Entonces, en eso a mí no me extraña, la lucha sigue”, señaló la socialcristiana.
La legisladora defendió el proyecto como una iniciativa basada en criterios técnicos y auditorías institucionales.
¿Qué plantea la iniciativa?
El expediente 24.015 busca establecer un marco regulatorio para que el Ministerio de Salud declare la falta de especialistas y habilite su contratación por un plazo determinado. Además, reforma la Ley N.° 7559 sobre el Servicio Social Obligatorio para Profesionales en Ciencias de la Salud, con el objetivo de ajustarla a las necesidades actuales del país.