Diputados de oposición dudan de avanzar con un nuevo crédito por $350 millones para obras en riesgo inminente.
El Gobierno firmó un nuevo contrato con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para atender el “Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima”.
Con $325 millones se atenderían 58 que estén en reconstrucción o, en su defecto, se encuentren dañadas o destruidas por desastres meteorológicos.
Algunas de ellas son infraestructura en mal estado por el huracán Eta o la tormenta tropical Bonnie.
El restante se destinaría a programas de respuesta y alerta temprana, así como para un fondo de emergencias.
Dudas
A pesar de lo anterior, los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dudan sobre este préstamo, puesto que no existen suficientes controles respecto al avance de los trabajos.
Así fue señalado por la contralora general de la República, Marta Acosta, quien manifestó que los proyectos tienen debilidades en el portafolio de inversiones, además, muchos cuentan con inconsistencias, tienen ubicaciones imprecisas o son inviables por estar en propiedad privada o zonas protegidas
A dichas críticas se suma la diputada del Partido Liberación Nacional, Paulina Ramírez, quien aseguró que este segundo crédito es poco transparente.
Vale recordar que el Ejecutivo ya había tramitado un préstamo por $700 millones para atender 502.
“Hay que hacer un análisis bastante detallado de lo que está sucediendo, primero, con el actual proyecto Proeri. Están poniendo plazos de cumplimiento muy limitados y nos dijeron que ya todos tenían factibilidad y estudios de preinversión, lo cual no fue cierto porque muchos apenas están iniciando con esos análisis”, apuntó la verdiblanca a Diario Extra.
A lo anterior, se debe añadir que la Comisión Nacional de Emergencias debe presentar un nuevo informe de obras en marzo, por lo que, si no se muestran claridades sobre el tema, los legisladores tendrían mayores dudas respecto a dictaminar el préstamo.
“Sería muy responsable recargar con más dinero para que finalmente no puedan darle cumplimiento y no tengan la capacidad. Estamos hablando de 503 bajo el mando de una sola institución y, a pesar de que tienen las diferentes unidades ejecutoras subcontratadas, han demostrado que no están gestionando adecuadamente. No hay un ente fiscalizador que esté vigilando, ya que al estar en un decreto de emergencia tienen un procedimiento muy flexible”, expresó.
Criterio similar tiene Jonathan Acuña del Frente Amplio, quién precisó que “existe el peligro de que se estén colando obras” que no son prioritarias.
