Las fracciones legislativas rechazaron una moción que presentaron el frenteamplista José María Villalta y la independiente Zoila Volio, la cual pretendía tomar ¢30 mil millones del presupuesto extraordinario que el Gobierno envió para atender la emergencia del COVID-19 y entregarlos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Villalta subrayó que los ingresos del seguro de salud se han visto afectados por la reducción de contribuciones obrero patronales y por la decisión de disminuir la base mínima contributiva a las empresas y a trabajadores.
Esto afecta las finanzas de la Caja que, en medio de la emergencia, ha tenido que realizar compras extraordinarias.
“Nuestro sistema de salud está soportando una prueba de fuego, sometido a un estrés máximo que ha colapsado sistemas de salud de países desarrollados”, señaló el frenteamplista.
Recordó que el propio presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, expresó que el seguro de salud proyectó pérdidas por ingresos entre los ¢190 mil millones y los ¢303 mil millones y que la afectación económica a sus ahorros ya supera los ¢30 mil millones.
La diputada Volio recordó que, al estar en una pandemia, la Caja tiene en sus manos la vida o muerte de las personas y se debía valorar los recursos que se le han girado.
“Si en este momento no tenemos los muertos que deberíamos tener, es por el trabajo que han hecho la CCSS y el Ministerio de Salud. Porque la pandemia se enfrentó a un sistema de salud fortalecido”, enfatizó.
ESPERAN NUEVO PRESUPUESTO
Pese a los argumentos, el resto de las bancadas expresaron que no era esta la vía para entregar los recursos a la institución y esperan un nuevo presupuesto donde se incluyan nuevos fondos a la Caja.
Así lo expuso el independiente Jonathan Prendas, quien remarcó un proyecto único para la CCSS donde se incluyan todos los recursos que ocupa la institución y no solo colocar un parche.
De igual forma el liberacionista Gustavo Viales recordó que hay un compromiso de las autoridades de Hacienda para enviar ese presupuesto único para la Caja.
“Voy a votar en contra de la moción, no porque no crea que la institución lo requiera, sino porque creo en la palabra del Gobierno”, externó. La oficialista Laura Guido indicó que podían coincidir con el objetivo de la moción, pero que no era el instrumento más viable, ya que este presupuesto busca principalmente el pago de deuda pública y los primeros recursos para los subsidios.
Esa misma posición tuvo el socialcristiano Pablo Abarca, y subrayó que así no se lograba la forma correcta de solventar en cuanto fuera posible la deuda del Estado con la CCSS.
El diputado Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), dijo que votaría a favor la moción y recordó que él había propuesto crear una comisión especial para ver el tema de la CCSS, que no se quiso conformar.
“El tema del coronavirus no se va a terminar en semanas o meses, continuará todo el año y si no aparecen casos es porque no se hacen las pruebas suficientes y debemos seguir con las medidas de seguridad, pero, aunque le inyectemos dineros hay personas en esa junta directiva que no son ‘cajistas’, porque es un sistema que no ha tenido defensores reales, sino enemigos que buscan destruir la Caja”, aseveró.
La liberacionista Ana Lucía Delgado apuntó que lo que marca estas mociones es la ausencia del Gobierno sobre una ruta clara sobre las proyecciones y números tanto en el tema sanitario, económico y social.
PRIMER DEBATE
Tras esta discusión, los congresistas aprobaron en primer debate el expediente 21.918, primer presupuesto extraordinario que el Gobierno envió al Congreso para atender la emergencia producto de la pandemia del COVID-19.
Este presupuesto comprende un monto total de ¢369 mil millones, distribuidos de la siguiente forma: ¢216.149 millones se utilizarán para el pago de la deuda pública (recursos que provienen del préstamo aprobado con la Comunidad Andina de Fomento, CAF).
También ¢2.429 millones que se le asignan al Ministerio de Salud para la atención de la emergencia sanitaria.
Y por último ¢150.500 millones se destinarán al pago de subsidios temporales por desempleo, suspensión o reducción de jornadas laborales, así como a trabajadores independientes, temporales o informales con afectación en sus ingresos como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19.
“En la Comisión de Hacendarios trabajamos con el compromiso de que estos recursos llegaran con prontitud a las familias. Nos complace la aprobación de esta partida para subsidios, con la que se podrán atender aproximadamente 400 mil personas más a través del Bono Proteger. Sabemos la urgencia de las familias, y confiamos en que este dinero pueda llevarles un alivio ante la crisis que afrontamos”, manifestó el diputado Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional.
El segundo debate se dará el próximo viernes.
NOTA EXTRA
Los diputados también aprobaron una moción para dispensar de todo trámite el expediente 21.871, un nuevo préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). El empréstito es por un total de $380 millones. En principio, estos recursos se iban a usar para un plan de descarbonización del Gobierno, pero cambiarían su destino para atender la pandemia del COVID-19, lo cual permitirá un avance más rápido en su aprobación, aunque el Gobierno no ha dicho cómo distribuiría estos dineros.