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La mayoría de los diputados que integran la Comisión de Gobierno y Administración rechazaron las primeras 17 mociones que buscaban sacar a las universidades públicas de la reforma al empleo público.
Esta comisión legislativa inició el conocimiento de las 476 mociones de fondo que los legisladores presentaron vía artículo 137 del reglamento. Durante 6 horas se conocieron apenas 38 mociones y solo se aprobaron 5.
La diputada oficialista Paola Vega, la socialcristiana Aracelly Salas y el frenteamplista José María Villalta defendieron las mociones para sacar a las universidades del proyecto. También se conocieron algunas firmadas por la liberacionista Karine Niño que tenían ese fin.
No obstante, todas fueron rechazadas por los diputados miembros de la comisión, principalmente por Víctor Morales Mora (PAC), Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y David Gourzong (PLN), Pablo H. Abarca (PUSC), Jonathan Prendas de Nueva República y la independiente Zoila Volio.
Solo Dragos Dolanescu (independiente) y la socialcristiana Aracelly Salas las votaron a favor.
Los proponentes de las mociones insistieron en que no buscan defender salarios desproporcionados o pluses, pero remarcaron que la Constitución Política otorga a las universidades públicas autonomía para el desempeño de sus funciones en su parte administrativa y de gobierno, y se oponen al proyecto de ley en discusión porque otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de interferir en nombramientos, en sanciones y otras acciones sobre los funcionarios universitarios.
DISCUSIÓN POR AUTONOMÍA
El jefe de fracción liberacionista Luis Fernando Chacón, en la discusión de una de las mociones de la diputada Vega, señaló de forma vehemente que los constituyentes no querían que las instituciones se convirtieran en un fin en sí mismas y que estas casas de enseñanza no pueden ser un privilegio para unos pocos.
“Esa autonomía (universitaria) de autogobierno es la que tiene a los inspectores de tránsito de la UCR ganando ¢1,8 millones, es la que hace que tengan las pensiones más altas del país y que haya diferencias enormes de salario entre los mismos funcionarios universitarios”, aseveró el verdiblanco.
Luego el frenteamplista Villalta señaló que precisamente estas fracciones buscan hacer dichos cambios porque les molesta que exista la autonomía en las universidades.
“Les molesta que no puedan controlar esas instituciones, les molesta la autonomía universitaria, pero es que la Constitución Política es clara que las universidades públicas gozan de autonomía para el desempeño de sus funciones, en su parte administrativa y la de gobierno”, enfatizó el legislador.
También el diputado Morales Mora, exministro de la Presidencia, subrayó que la posición de la mayoría de la bancada del PAC y del Gobierno es que las universidades deben quedar en el proyecto.
“En una reunión con los rectores se les indicó lo que va a pasar en la Asamblea, que una inmensa mayoría van a dejar a las universidades dentro de la ley, sin que con esto estemos pensando en que se va atentar en la libertad de cátedra o ir a nombrar profesores, sino ordenar el tema de empleo público”, externó.
Al respecto, la también oficialista Vega le dijo que respetaba su posición y le pidió que no afirmara que la mayoría de la bancada del PAC mantenía esa posición, porque podría llevarse una sorpresa.
MÁS CAMBIOS
Dentro de las pocas mociones aprobadas se acogió una que defendió el diputado Morales Mora, la cual indica que si bien las instituciones públicas en competencia, como el ICE, el INS y los bancos públicos, quedan fuera del alcance del proyecto, sí deberán acogerse a las disposiciones en materia de regulación de convenciones colectivas.
Otro cambio es para excluir de la reforma a las empresas municipales. La comisión volverá a sesionar hoy miércoles a partir de la 1:15 p.m.
¿Cuáles instituciones quedan en la reforma de momento?
Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes entidades y órganos bajo el principio de Estado como patrono único:
• Los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus órganos auxiliares y adscritos y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
• El sector público descentralizado institucional conformado por: Instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales.
• El sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades y los concejos municipales de distrito.
Fuente: Expediente 21.336