Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un total de diez diputados de oposición presentaron ante la Sala Constitucional una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley 24.461, que busca un aumento en el canon a los concesionarios de radio y televisión.
Los legisladores lo presentaron después de que el pasado 27 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate dicho expediente que impulsó la administración Chaves Robles desde el 29 de julio de 2024.
Los diputados firmantes de la consulta son:
Según los suscritos, se fundamentan en los artículos 96, 97, 98 y 99 de la Ley de Jurisdicción Constitucional para emitir dicha consulta ante los magistrados.
Es un trámite mediante el cual la Asamblea Legislativa solicita el criterio de la Sala Constitucional para verificar si un proyecto de ley tiene fallas que violen la Constitución Política o vicios en su procedimiento de aprobación.
Cuando la iniciativa pasó a primer debate, fue aprobada por 52 legisladores; únicamente Claudia Dobles y Abril Gordienko votaron en contra.
La socialcristiana argumentó que el texto actual contiene portillos legales que no garantizan la pluralidad de voces, carece de claridad y transparencia en los procesos sancionatorios y no asegura la seguridad jurídica para los concesionarios.
Mientras que Dobles considera que, aunque la iniciativa busca modernizar el canon, el texto carece de mecanismos suficientes para garantizar la pluralidad y la transparencia en el uso del espectro radioeléctrico.
Es importante señalar que esta consulta paraliza su votación en segundo debate, por lo que se debe esperar la respuesta de la Sala IV que tarda aproximadamente un mes.
El nuevo esquema establece un cobro escalonado basado en los ingresos brutos anuales obtenidos por el uso del espectro.
El umbral que marcaría la diferencia entre pagar o no el nuevo canon sería de más de cien salarios base, es decir, quienes generen 100 o menos quedan exentos de pagar.
El proyecto establece que los concesionarios de radiodifusión sonora y televisiva deberán pagar anualmente un canon de radiodifusión, que se cancelará en cuatro tractos trimestrales según el ingreso bruto anual reportado.
Las empresas cuyos ingresos no superen los 100 salarios base quedarían exoneradas del pago. A partir de ese umbral, el canon aumentaría progresivamente.
Para televisión, los montos serían los siguientes:
En el caso de la radio:
La propuesta clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Entre las faltas leves figuran el incumplimiento de la obligación de ceder espacios al MEP y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como no transmitir el mínimo diario establecido.
De aprobarse la iniciativa, el canon sería declarado ante el Ministerio de Hacienda y se pagaría en cuatro tractos trimestrales durante el año. Eso sí, aún se necesita una aprobación en segundo debate y la firma del Ejecutivo.

