Diputados afines a Gobierno votaron en contra de un proyecto de ley que sancionaría actos de hostigamiento y diversas formas de acoso en redes sociales.
Con criterio dividido votos, la Asamblea Legislativa aprobó de forma definitiva el expediente de ley 23.325 impulsado por la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP) Kattia Cambronero Aguiluz.
El proyecto establece que será reprimido con penas de prisión de tres a dieciocho meses o en su defecto, de cien a doscientos días multa (¢1.540.600-¢3.801.200) a quien “hostigue o acose a una persona, de forma reiterada e insistente, sin consentimiento y afecte su intimidad, integridad, vida privada o sus actividades cotidianas”.
Así, se establecen diferentes causales para multar el denominado “acoso predatorio”.
Entre ellas, vigilar, merodear, perseguir o procurar cercanía física con la víctima, establecer contacto con una persona por medio físico, cibernético o a través de terceras personas.
Del mismo modo, se sancionaría la intercepción, interferencia, hackeo o control de dispositivos o datos de la persona.
Las penas se agravarían cuando la persona tenga menos de 18 años, se encuentre en una situación de vulnerabilidad o discapacidad, medie engaño o violencia, incluya contenido sexual manifiesto o sea cometida por dos o más personas.
Lo mismo aplicaría cuando la persona autora ejecute la conducta contra la persona con quien mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u ora análoga, aun cuando medio, divorcio, separación o ruptura.
Caso similar cuando prevalezca una relación o vínculo de confianza, amistad, de autoridad o de una relación e poder que tuviera con la víctima, medie o no relación de parentesco, u ocurra dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado.
El acoso predatorio se define como un comportamiento repetitivo, obsesivo e intrusivo, mediante el cual una persona hostiga, acecha o sigue sigilosamente a otra. Esta conducta, que ha sido reconocida a nivel internacional como una forma grave de violencia, afecta profundamente la vida de quienes la sufren, generando miedo, ansiedad y, en muchos casos, daños psicológicos y físicos.
La diputada de Gobierno, Pilar Cisneros, aseguró que votarían en contra de la iniciativa por tener “falencias”.
“No me importa decirlo: Votamos en contra no porque no creamos (en el proyecto) sino porque tiene problemas de fondo y va a causar problemas a los jueces que intenten aplicarla (Ley)”, dijo.
Así, votaron en contra Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agûero y Alexander Barrantes. Del oficialismo lo votaron a favor Paola Nájera, Ada Acuña y Jorge Antonio Rojas.
“Estoy muy satisfecha porque al fin vamos a saldar una deuda histórica que tenemos pendiente para poder juzgar correctamente a aquellas personas que acosan de manera insistente a otros individuos. Pronto Costa Rica se pondrá a la vanguardia en materia penal junto con otras naciones que se han comprometido en minimizar este tipo de violencia tan traumática para sus víctimas”, dijo la legisladora proponente, Kattia Cambronero.