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La reciente ratificación de los miembros permanentes de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) desató una ola de críticas en la Asamblea Legislativa, donde varios diputados externaron sus preocupaciones ante el proceso realizado.
“El Banco Nacional ha sufrido dos laceraciones reputacionales importantes. El cambio de la junta directiva anterior, sin mayor sustento legal y ahora el nombramiento casi a oscuras. Ya lo tenían todo armado para nombrar a la gente que ellos querían, o sea, fue un pantoche de concurso cuando ya tenían los nombres seleccionados”, opinó Francisco Nicolás, diputado de Liberación Nacional.
El proceso comenzó el pasado 28 de mayo, cuando el Consejo de Gobierno destituyó a toda la junta anterior por supuestas irregularidades en el nombramiento de la gerente general Rosaysella Ulloa.
La decisión fue liderada por el exvicepresidente Stephan Brunner.
El Gobierno nombró de forma provisional a siete nuevos directivos, quienes asumieron funciones mientras se organizaba un concurso público, en el cual se recibió más de 90 postulaciones.
Sin embargo, seis de los miembros provisionales participaron en el mismo y fueron ratificados en sus cargos.
“Estamos hablando de que escogieron a las mismas personas y dejaron al resto de los concursantes sin posibilidad alguna. ¿Para qué concurso? Si a dedo lo seleccionaron”, denunció Vanessa Castro, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Además, también criticó que algunos funcionarios no cumplen con los requisitos para el puesto al que fueron nombrados.
“Muchos de ellos no reúnen las condiciones de alta gerencia, porque alta gerencia tiene una sola definición. No le podemos sacar aristas al tema y no todos los miembros de la junta directiva tienen las condiciones para estar ahí”, agregó.
Dinorah Barquero, también diputada, fue enfática en señalar que la situación es “gravísima” y que los costarricenses deben alzar la voz para defender la institucionalidad.
“Cuando el presidente de una junta directiva no puede entender la diferencia entre coordinar y ser un subordinado en una institución autónoma, estamos ante una situación gravísima”, dijo la presidenta de la Comisión, que investiga la situación en la Asamblea Legislativa.