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“El país se nos va de las manos, cuando está amenazado por muchos factores externos de criminalidad organizada, la seguridad ciudadana se vería afectada ante un recorte del Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el 2015”, advirtió Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Así reaccionó la jerarca ante la posibilidad de que legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios recorten los fondos que presentaron para cubrir los gastos de la administración de Justicia el próximo año.
Afirmó que el presupuesto es determinante para la institucionalidad del país. “Se ha hecho con estricto apego a las necesidades, con absolutas limitaciones en el cual han participado todas las instancias de la institución, respondiendo a los lineamientos de austeridad, así el recorte que se pretende está contra la manera de resolver los conflictos y los servicios que presta la entidad”.
Datos del Ministerio de Hacienda indican que el presupuesto presentado para el próximo año muestra un crecimiento del 14,5%, por lo que el Poder Judicial recibiría ¢403.464 millones el 2015.
RECARGO DE OBLIGACIONES
Villanueva explica que por años la Asamblea Legislativa les ha asignado nuevas obligaciones, aprobando unas 30 leyes que la administración de justicia ha de hacer valer, sin embargo argumenta que los diputados esperan que se trabaje con el mismo presupuesto.
“Se ha tenido prioridad en las materias que hacen vulnerable a la población, como las pensiones alimentarias, población indígena, reforzamiento a la custodia de detenidos, programa penal juvenil, estructuras de apoyo al Ministerio Público”, expresó la funcionaria.
Respecto a las horas extra, dijo que la judicatura no cobra ese rubro, pero existe una disponibilidad para cuando se necesite y eso se debe pagar. Por ejemplo, el servicio de 24 horas en materia de violencia doméstica, turno extraordinario, programas de Flagrancia, atención y protección de víctimas a testigos, servicios de localización y presentación a juicios, allanamientos y operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), traslados de personas detenidas, todo esto se verían afectados por recorte de pago de tiempo extra.
SEGURIDAD CIUDADANA
“Deseo resaltar que en estos momentos el 60% del presupuesto está destinado a materia relacionada con seguridad ciudadana y materia penal (Ministerio Público, Defensa Pública y OIJ) y afectar el presupuesto representa afectar la manera en que la sociedad y la institución responda ante la criminalidad”, indicó Francisco Segura, director del OIJ.
Seguro afirmó que los allanamientos no se hacen en horas de oficina, el narcotráfico y el crimen organizado trabajan por la noche, las 24 horas.
“Los agentes no quieren levantarse a las 3 a.m. para ir a hacer ese trabajo. Las emergencias policiales se dan a cualquier hora del día y todo tiene un costo que está regulado en la legislación laboral, que se llama horas extra y disponibilidad”, sentenció.
Por su parte, el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, recordó que se han mantenido los índices de seguridad y en muchos casos se han mejorado, pero hay situaciones graves, como el crimen organizado en Limón, pero los recortes no afectan al Poder Judicial sino al ciudadano.
“Cada dependencia hizo recortes en sus gastos, eso representó una reducción de ¢4 mil millones, esta es una situación que nos tiene muy preocupados, este mensaje no es para la Asamblea Legislativa, es para el ciudadano”, señaló Chavarría.
La presidente de la Corte Suprema adujo que en el presupuesto se contemplan los vehículos que usa el OIJ, el mantenimiento y las construcciones, aseveró que no hay posibilidades de más recorte, pero aclara que si ese es el caso continuarán trabajando hasta donde se pueda con los recursos disponibles.
La comisión de Asunto Hacendarios sugiere reducciones de hasta el 14% de los fondos en algunas dependencias. Villanueva dijo que espera reunirse con los diputados para hacerles ver que es improbable reducir los fondos de las administración de Justicia.