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Por un plazo de hasta dos años, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó por unanimidad abrir una investigación sobre la administración, ejecución y control de los recursos públicos que manejan las universidades estatales.
Según el documento, se hace especial énfasis en los fondos provenientes del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).
La moción fue presentada por los diputados Kattya Mora Montoya y Gonzalo Ramírez Zamora, y tuvo el apoyo de los restantes diputados oficialistas, así como de los de oposición.
La investigación determinará la composición del gasto administrativo y sustantivo de cada universidad estatal, así como la ejecución de los recursos del FEES y los mecanismos de control interno para autorizar y fiscalizar su uso.
También evaluará la razonabilidad y proporcionalidad de los gastos de representación, alimentación, protocolo, viáticos, viajes oficiales, cooperación internacional y capacitaciones, además del cumplimiento de principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Como parte del proceso, la Comisión convocó a audiencia a los rectores de:
Los comparecientes deberán presentar información documentada sobre el manejo de los fondos.
“Cuando nosotros decidimos presentar esta moción, lo que estamos diciéndoles a la educación pública superior es que, aunque son autónomas, no son repúblicas independientes. Nosotros respetamos y honramos la autonomía de las universidades públicas, pero hoy lo que estamos haciendo es defender a los estudiantes y a los contribuyentes”, dijo el presidente de la comisión, Gonzalo Ramírez.
El Conare ya se había referido a la moción presentada, la cual los rectores aseguraron que “reafirman su compromiso con la transparencia”, no obstante, llamaron los legisladores a que se haga una revisión que se base 100% en la evidencia.
“Consideramos que el análisis sobre la administración de los recursos públicos debe reconocer los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas que el ordenamiento jurídico costarricense ya establece para las universidades públicas y sustentarse en información objetiva, verificable y técnicamente fundamentada. Un diálogo basado en evidencia fortalece la confianza ciudadana y contribuye a la toma de decisiones responsables”, señalaron.
