Con criterio dividido, la Asamblea Legislativa aprobó un informe de mayoría impulsado por la oposición donde se pide investigar la “politización de la pauta” por parte del Gobierno y la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Con 30 votos a favor y 13 en contra, el Plenario pidió al Ministerio Público abrir investigación en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves y a Federico Cruz, alias, “Choreco”, quien fungía como asesor presidencial, por el supuesto delito de tráfico de Influencias.
Del mismo modo, plantea investigar a Christian Bulgarelli, dueño de la agencia RCM La Productora, por la participación en la redacción de los términos y condiciones del cartel de licitación del cual también fue adjudicatario.
Finalmente, busca investigar a la exministra de Presidencia, Natalia Díaz, así como al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, por presuntamente facilitar de manera irregular dicha contratación.
Votaron a favor diputados de Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP), Frente Amplio (FA) y la mayoría de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
En contra votaron los legisladores oficialistas junto a la bancada de Nueva República (NR) además de los rojiazules Leslye Bojorges y Carlos Andrés Robles.
¿QUÉ DICE EL INFORME?
El informe, aprobado por los diputados, afirma que la Agencia del Sinart se habría utilizado para “politizar la pauta estatal”.
Así las cosas, se implementó un “método perverso” con pauta y contrataciones a demanda con el fin de “dominar” medios de comunicación.
Por ello, se pide investigar las contrataciones que realizó el Sinart en el periodo 2022-2023, así como las realizadas en Kölbi-ICE, Junta de Protección Social (JPS) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
INVESTIGACIÓN
Del mismo modo, se plantea investigar al Comité Editorial de Casa Presidencial con formado por Jorge Rodríguez, Natalia Díaz, Rodrigo Chaves, Federico Cruz y la diputada Pilar Cisneros por el delito de tráfico de influencias en cuanto al manejo de los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Caso similar con Marco Acuña, presidente del ICE, José Rafael Solano, director de la división comercial y Luis Diego Abarca, gerente de telecomunicaciones por el delito de tráfico de influencias, así como a la presidenta ejecutiva del JPS, Esmeralda Britton, por el mismo hecho junto a posibles perjurios y falso testimonio.
Otros a los que se les pide investigar son Federico Amador, Fernando Sandi y David Tencio funcionarios del Sinart así como a Allan Trigueros por los delitos de tráfico de influencias y falsedad ideológica.
Finalmente, se solicita que el Ministerio Público indague a la diputada Pilar Cisneros Gallos por la posible comisión del delito de divulgación de secretos en perjuicio del Instituto Costarricense de Electricidad por difundir datos comerciales del mismo en la sesión ordinaria N°10 del 27 de noviembre de 2023.
ÉTICA PÚBLICA
En la misma línea, se solicita a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) realizar una pesquisa para comprobar si “Choreco” cumplió con las condiciones y requisitos que lo identifican como un funcionario de hecho en el sector público.
A su vez, precisan conocer si cometió actos irregulares contrarios a la ética pública, probidad y transparencia.
LE BAJAN EL PISO
Tal y como era de esperar, la bancada de Gobierno le bajó el piso al Informe de Mayoría.
La diputada Ada Acuña aseguró que lo aprobado carece de un análisis riguroso de pruebas y violenta derechos constitucionales.
Del mismo modo, indicó que el documento aprobado por la oposición fue realizado “sin pruebas objetivas” y lo que el Gobierno ha intentado es “democratizar la pauta estatal”.
“Este informe de mayoría, pretende seguir el circo, planteando al Ministerio Público que se investigue al presidente de la República, y a la Diputada Pilar Cisneros, cuando desde el seno de la comisión violaron intencionalmente su derecho a la defensa, contemplado en el artículo 39 de la Constitución Política.
En las últimas 3 administraciones, por 10 años consecutivos se otorgó la pauta estatal a solo 10 medios de comunicación, pero, ahora en la Administración Chaves Robles se amplío a 90 medios, entre alternativos y tradicionales. ¡Por supuesto que esa ampliación incomoda a algunos: se rompió el círculo cerrado que se tuvo por años de solo medios tradicionales!”, sostuvo la oficialista que no se refirió a que buena parte de la pauta se brindó a medios afines a la línea de Zapote.
Acuña mencionó que la comisión se fraguó en un terreno de conflictos de interés.
“(…) Es un informe de mayoría armado como un traje a la medida para conclusiones prediseñadas desde los intereses políticos y la pretensión de continuar generando material para el show en la Comisión de Ingreso y Gasto Público”, concluyó.
SILENCIO
DIARIO EXTRA solicitó una reacción a Casa Presidencial, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuestas a este medio.