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La mayoría de los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobaron una moción para que el 10% del crédito que gestiona el Gobierno para apoyo presupuestario (sus gastos comunes de este año) se destine a aminorar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El crédito suscrito entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual se tramita bajo el expediente 24.425, asciende a $500 millones (alrededor de ¢255.000 millones), de los cuales se tomarían $50 millones (¢25.500 millones) para la seguridad social. La moción contó con siete votos a favor: cuatro de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN): Paulina Ramírez, Gilbert Jiménez, José Joaquín Hernández y Sonia Rojas; dos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): Carlos Felipe García y Leslie Bojorges; y el del frenteamplista Johnatan Acuña.
En contra votaron Eliécer Feinzaig, legislador del Partido Liberal Progresista (PLP), Ada Acuña y Pilar Cisneros, congresistas del oficialismo.
“La contralora (Marta Eugenia Acosta) reconoció que la deuda que tiene el Estado costarricense con la Caja es absolutamente impagable y va a ser cada vez más impagable si los diputados desde este Congreso siguen aprobando beneficios para que se atienda a los niños, a la gente de la calle, a los extranjeros que atraviesan el país, etcétera, etcétera, pero no le dicen al Estado de dónde van a sacar los recursos”, manifestó Cisneros.
El abono sería de ¢25.500 millones y representa un 0,74% del total.
