Diputados amplían plazo a minería en Abangares y endurecen penas contra extracción ilegal
Congreso aprobó dos iniciativas vinculadas con minería y delitos ambientales
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El Plenario Legislativo aprobó este lunes en segundo debate dos proyectos relacionados con la actividad minera y la persecución de delitos ambientales, con lo cual ambas iniciativas quedaron listas para ser enviadas al Poder Ejecutivo.
Una de ellas, el expediente 25.775, presentado por el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, permitirá que trabajadores mineros asociados a cooperativas de Abangares continúen con la explotación y el procesamiento de oro durante un plazo máximo de 24 meses.
La autorización aplica únicamente para cooperativas que tengan en trámite solicitudes de concesión dentro del área de reserva minera de ese cantón ante la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El texto establece además que el material explotado y procesado deberá provenir únicamente de Abangares y obliga a informar datos como el tipo y cantidad del material, su destino, medio de transporte y valor comercial estimado.
Durante ese periodo, la Dirección de Geología y Minas deberá resolver todas las solicitudes de concesión que permanezcan pendientes en la zona antes de que venza el plazo transitorio. La iniciativa recibió 53 votos a favor y ninguno en contra.
Castigo al crimen ambiental
En la misma sesión, los diputados dieron segundo debate al expediente 23.952, presentado por la anterior fracción del partido Frente Amplio, que reforma varias leyes para fortalecer la persecución penal del crimen organizado vinculado con delitos ambientales.
La normativa modifica el Código de Minería y establece penas de dos a ocho años de prisión para quienes desarrollen actividades mineras de reconocimiento, exploración, extracción o explotación dentro de parques nacionales, reservas biológicas u otras áreas silvestres protegidas.
La misma sanción alcanzará a quienes comercialicen minerales extraídos ilegalmente, dentro o fuera del país.
Además, se impondrán penas de dos a seis años de cárcel a quienes promuevan, financien, administren, organicen, faciliten o se beneficien de actividades mineras ilegales sin contar con el respectivo permiso o concesión.
El proyecto también aumenta las penas por tráfico de vida silvestre y establece agravantes para delitos forestales, de pesca y contra tortugas marinas cuando participen varias personas. Esta segunda iniciativa obtuvo 52 votos a favor y ninguno en contra.