Aseguran que mandatario utiliza ataques personales y descalificaciones.
Diputados de oposición acusaron este miércoles al presidente de la República, Rodrigo Chaves de persecución política.
La reacción de los congresistas se da luego de que Casa Presidencial restara importancia al informe técnico que señala que la Ley Jaguar no podría ir a referéndum por tener elementos inconstitucionales.
En su tradicional conferencia de prensa, con ataques personales y descalificaciones, tanto Rodrigo Chaves, presidente de la República; así como Laura Fernández, ministra de la Presidencia, catalogaron el documento técnico como vergonzoso e irrelevante.
Además, afirmaron que los diputados se estaban tomando el informe muy a pecho.
“Es una completa barbaridad y un absurdo jurídico (…). Se está haciendo una interpretación de que lo que estamos incluyendo en la Ley Jaguar, es un crédito o un endeudamiento. La Ley Jaguar en ningún lado tiene una deuda o un endeudamiento, ningún contrato de naturaleza financiera lo que trae es una confirmación a lo que ya existe en la ley de Costa Rica. Francamente, no sé si es que no han entendido el espíritu de la Ley Jaguar o se están haciendo los que no están entendiendo. ¡Es una vergüenza!”, dijo la jerarca.
AL CUERPO
Por otra parte, fustigaron contra Tonatiuh Solano, uno de los firmantes del documento, al cuál descalificaron por haber tenido vínculos con el Partido Liberación Nacional (PLN) y que, mediante redes sociales, ha tenido posiciones críticas contra el Gobierno de Chaves.
Solano, politólogo de profesión, laboró en el Gobierno de Laura Chinchilla como ministro consejero con funciones consulares en la Embajada de Costa Rica en Chile. Desde febrero de 2015 es asesor parlamentario y este año asumió la jefatura del Área de Investigación y Gestión Documental.
Chaves lo acusó de firmar el informe, aunque el redactor principal fue el abogado constitucionalista Fernando Campos, jefe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
“¡Vean que interesante el autor de ese reporte! Él (Solano) se tuvo que haber inhibido por lo que es y ha sido en la política nacional, por las manifestaciones groseramente ofensivas contra el presidente de la República, a título personal y en la anticipación de criterio en medios públicos sobre la ley que ahora debe ordenar un criterio técnico.
¿Será demasiado autoritario decirle a Rodrigo Arias que él se debe recusar de esto y ordenarles a los diputados que ese criterio lo tienen que echar a la basura porque está contaminado de sesgos partidarios?, ¿qué es una copia casi que plagiada de lo que ya la Contraloría dijo y que por eso es un texto que no vale nada? Tonatiuh Solano, ¡ese nombre no se me va a olvidar!”, dijo el mandatario.
PERSECUCIÓN POLÍTICA
Ya en el Plenario, la diputada Pilar Cisneros repitió la actitud de Chaves y arremetió contra Solano, expuso imágenes, su cédula e información relacionada al trabajador legislativo.
Incluso, hizo un llamado a aprenderse su nombre, por ser un “férreo militante y contribuyente activo del PLN” que es un “enemigo confeso del Gobierno y de la Ley Jaguar”.
Dicha posición fue censurada por la oposición, que tachó a Cisneros y Chaves de persecución política.
“La persecución no tiene cabida, ni perdón. Lo exhibieron como un criminal por cometer un error y eso puede traer consecuencias. El oficialismo lo hace a propósito, nos están provocando para seguir con el discurso de que la Asamblea no hace nada, siguen el manual de la perfecta dictadura latinoamericana”, dijo Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP).
“No nos podemos quedar callados, vimos la exposición de un ser humano puesto como un criminal. Sean humildes y pidan disculpas, acaban de cometer un error. Es un ser humano, con familia, ¿por qué hay que poner la foto, el número de cédula?, ¡es una bajeza!”, secundó Daniela Rojas, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
“Se está vulnerando a un ciudadano y se le persigue por su afiliación partidaria, eso no lo voy a tolerar. Yo no soy de ese partido, ni afín al PLN, soy de izquierdas, pero a las izquierdas también se les ha perseguido y yo no voy a tolerar que se persiga a nadie. No podemos empezar a quemar seres humanos en esa pantalla diciendo que porque fueron militantes de un partido son demonios. Así empieza la cacería de brujas”, sentenció Sofía Guillén, subjefa del Partido Frente Amplio (FA).
CONTRALORA RESPALDA CRITERIO
A pesar de lo señalado por Chaves, el informe fue avalado por Marta Acosta, contralora general de la República. Además, adelantó que el texto lo estarían mandando a consulta ante Sala IV.
“Estamos analizando la documentación y actuaciones que emiten otros órganos competentes. Será un insumo, pero, en concreto, coincidimos con la posición de Servicios Técnicos, aunque estamos revisando el tema. Lo enviaremos a consulta. ¡Es parte de los escenarios!”, dijo a distintos medios.
¿Qué dijo Servicios Técnicos?
El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa a través del criterio AL-DEST-IJU-242- 2024 señaló que la nueva propuesta de Gobierno viola el artículo 182 de la Constitución Política.
Dicho artículo establece que “los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”.
El informe señala que el proyecto de ley no tiene vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.