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El diputado Rafael Ortiz presentó ante la corriente legislativa un proyecto de Ley que permitiría que los informes del Instituto Nacional de Criminología sean vinculantes para los jueces de ejecución de la pena.
Además, la iniciativa exigiría a los jueces un razonamiento escrito en caso de que estos quieran separarse de lo establecido en el informe.
La intención surge a luego del homicidio múltiple en Liberia, cometido por un sujeto que gozaba de un beneficio de libertad condicional.
“Es urgente que el sistema funcione a favor de las víctimas y de los ciudadanos y no a favor exclusivamente de los privados de libertad. Buscamos detener la situación caótica en la que se ha incurrido con la liberación de privados de libertad bajo criterios injustificados”, manifiesta Ortiz.
Asimismo, el legislador busca reformar el artículo 90 del Código Penal, con el fin de que sea el Poder Judicial quien decida otorgar o no el indulto, esto a través de los Tribunales de Ejecución de la Pena.
Dicho proyecto también iría acompañado por otra iniciativa que reformaría parcialmente el inciso 2 del artículo 147 de la Constitución Política, la cual añade que el Consejo de Gobierno no podrá otorgar indultos por delitos comunes.