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Un proyecto de ley impulsado por el Gobierno eliminaría el plazo de concesiones para las empresas autobuseras. Actualmente, los permisos de las rutas tienen un límite de siete años.
No obstante, el diputado oficialista Daniel Vargas Quirós plantea reformar la Ley Reguladora Transporte Remunerado Personas Vehículos Automotores para que se otorgue “tomando en cuenta el monto de la inversión” de la compañía autobusera, además, el “plazo para amortizar y obtener una ganancia justa”.
Por otra parte, se establece que el tiempo será renovado “si el concesionario ha cumplido a cabalidad cada una de sus obligaciones legales”.
Según Vargas, mantenerla por siete años genera que las empresas solo puedan ser sujetas de crédito por uno. En caso de que alcancen recursos, afirma el legislador, deberán amortizar en siete, a pesar de que la vida útil legalmente establecida de las unidades es de 15.
Esa ecuación genera que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos deprecie en un 80% el valor de los automotores.
“Esta desalineación del plazo de la concesión (7) y la vida útil legal del bus (15) da como resultado una tarifa más alta que pagan los usuarios y se agrava con los eléctricos”, plantea el oficialista.
El texto aún no ha sido asignado a Comisión.
En noviembre del año pasado, la Cámara Nacional de Transportes aseguró que si los diputados no les alargaban la vida útil a los autobuses a nivel nacional, los principales perjudicados serían los costarricenses, debido a que unas 500 unidades de transporte público dejarán de circular en todo el país.