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Este jueves 25 de febrero, cinco diputadas presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por recortes a programas de personas con discapacidad.
Se trata de las legisladoras Katherine Moreira, Montserrat Ruiz, Priscilla Vindas, Kattia Cambronero y Luz Mary Alpízar.
Según el recurso, decenas de personas con discapacidad recibieron una notificación donde se les reducían o eliminaban horas de asistencia personal y subsidios de vivienda que ya tenían aprobados, lo que ponía en riesgo su higiene, alimentación y movilidad diaria.
La acción se tramita bajo el expediente 26-0067761-007-CO, en donde se cuestionan las resoluciones emitidas entre finales de 2025 y principios de 2026.
Los recortes, sostiene el documento, se basaron en criterios automatizados del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y en la imposición de topes presupuestarios.
Según la diputada Katherine Moreira, la decisión “no corresponde a un reordenamiento administrativo”.
“Aquí no estamos ante un ajuste técnico. Estamos frente a una regresión en derechos humanos que coloca a personas con discapacidad en condiciones de extrema vulnerabilidad. El Estado no puede, bajo ninguna excusa presupuestaria, retroceder en garantías que ya habían sido consolidadas”, señaló la legisladora.
Las diputadas le solicitaron a la Sala IV la adopción de medidas cautelares para suspender de inmediato los recortes, así como mantener las horas y los montos vigentes durante el 2025.
