La decisión de eliminar el programa de educación sexual integral desató un recurso de amparo y fuertes críticas por parte de la diputada frenteamplista, Rocío Alfaro, quien señala al gobierno de ceder a presiones de sectores “retardatarios” y de poner en riesgo la salud y el bienestar de los jóvenes costarricenses.
“Aquí se están vulnerando derechos, derechos que son fundamentales y que pueden definir el futuro de las vidas de muchas personas que en este momento están cursando su educación formal y que tienen el derecho de recibir la información científica necesaria para tomar sus decisiones de vida”, comentó la diputada.
¿Qué fue lo que pasó?
- El Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo Superior de Educación eliminó el Programa de “Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral” de los colegios públicos del país, a pocos días de iniciar el curso lectivo de 2025.
- El programa, implementado en 2018, brindaba educación sexual a los estudiantes de secundaria, abordando temas como la diversidad sexual, los cambios biológicos y psicológicos de la adolescencia, los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia, los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual.
- Este programa fue previamente probado en un plan piloto y se sometió a un proceso de consulta antes de su aprobación en 2017.
Decisión controversial
- El Consejo Superior de Educación, en la sesión del 16 de enero de este año, aprobó una propuesta de la Ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, para eliminar el programa.
- Según indica la diputada, la justificación de esta decisión no fue clara y no se presentó un programa alternativo que garantizara la continuidad de la educación sexual, y en su lugar, se instruyó a la Administración para que elaborara un nuevo programa “para la paz y la convivencia”.
- En su recurso de amparo, Alfaro señala que la eliminación del programa viola los derechos fundamentales de los estudiantes a la educación sexual y a la salud sexual y reproductiva.
- También detalla que la decisión del gobierno ignora la evidencia científica sobre la efectividad del programa para reducir embarazos adolescentes.
La fracción del Frente Amplio califica esta decisión de “irresponsable” e “irrespetuosa” con los derechos de los jóvenes.
“Esto no es más que el pago de favores políticos a los sectores más retardatarios de esta sociedad que están en contra de los derechos que están consignados en nuestra Constitución. Por el respeto a nuestra democracia, por el respeto a nuestra juventud, hemos hecho este recurso de amparo y esperamos que se resuelva con prontitud y que se le devuelva a la juventud el derecho de educarse con información veraz sobre su propia sexualidad para tomar las decisiones que ellos y ellas consideren”, finalizó Alfaro.