Diputada propone que reos estudien y trabajen

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, presentó el proyecto de ley contenido en el expediente 24.612, que propone la obligatoriedad de combinar trabajo y estudio durante toda condena firme de prisión.

El proyecto ya recibió dictamen afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y avanzará al Plenario para continuar su trámite hacia su posible aprobación para convertirse en Ley de la República.

En entrevista con Extra-Radio 92.3 FM, la legisladora aseguró que cada persona privada de libertad le cuesta al Estado en promedio ¢22.000 diarios, lo que se traduce en un gasto superior a ¢383 millones si se consideran las 17.452 personas recluidas al corte de marzo de 2025, según el Ministerio de Justicia. 

“Hoy por hoy no hay ningún retorno. Ellos no generan ni aprenden ninguna labor. Por eso, personalmente considero que este proyecto es totalmente un ganar-ganar. Ganan ellos, ganan sus familias, los niños que hoy están desprotegidos y, al final, ganan ellos también en lo personal”, aseguró Carballo. 

Sobre el proyecto de ley 

La socialcristiana ofreció más detalles sobre este expediente y señaló que el objetivo principal es que los reos estudien y trabajen, lo cual les sería beneficioso al momento de su reinserción en la sociedad tras salir de prisión.

“Es brindarles herramientas a los privados de libertad para que cuando cumplan su condena puedan tener una adecuada reinserción social, hayan aprendido una labor, hayan estudiado y puedan reinsertarse en la sociedad y no reincidir como pasa en muchísimas ocasiones”, señaló Carballo. 

La diputada agregó que habrá excepciones según las condiciones de cada persona, incluyendo a mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con limitaciones físicas o psicológicas, siempre que estas estén debidamente justificadas y certificadas por un profesional de la salud.  “Esto ocurre en países como Alemania, Japón y Argentina. Actualmente, los privados de libertad pueden trabajar y estudiar de manera opcional, pero este proyecto lo vincula a los beneficios carcelarios: si no participan, no podrán recibirlos”, enfatizó.

Se respetan derechos humanos 

La congresista indicó que los horarios de trabajo y estudio equivaldrían a una jornada laboral promedio de ocho horas diurnas, asegurando que se respetarán en todo momento los derechos humanos de las personas reclusas. 

“Se respetarán todos los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la OIP han indicado que se avala el trabajo obligatorio en prisiones, por lo que esto no constituye una violación de derechos humanos”, señaló la congresista.

Por último, la eventual ley establecería que los privados de libertad que hayan cometido delitos graves, como homicidio, violación o narcotráfico, solo podrán desempeñar actividades laborales dentro del recinto penitenciario.