Diputada denuncia a ministro por uso indebido de recursos

Al responder sobre acusación por supuesto delito sexual contra jefe de prensa institucional

La diputada Kattia Cambronero Aguiluz formalizó una denuncia ante la Fiscalía contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, por presuntas conductas irregulares que, según señaló, vulneran el marco legal y los principios de transparencia e institucionalidad.

Esto con relación al video que difundió para responder ante una denuncia, por supuesto, delito sexual, en contra de un jefe de prensa institucional.

En el documento presentado se señalan 3 causas principales:

  • Uso indebido de recursos públicos, incluyendo personal, oficinas, equipo tecnológico y símbolos institucionales del SINART para atender una defensa personal. Esto podría constituir peculado de uso (artículo 361 del Código Penal) e incumplimiento del deber de probidad (artículos 3 y 4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública).
  • Amenazas contra funcionario público y órganos del Poder Judicial, en especial contra el fiscal general y el propio Poder Judicial (artículo 282 del Código Penal).
  • Revelación de la identidad de la víctima de un proceso penal, lo que vulneraría el derecho a la intimidad y protección de personas en delitos sexuales (artículo 138 del Código Procesal Penal).
Arnold Zamora. Fotografía: Mauricio Aguilar.

Para la legisladora, la gravedad de los hechos requiere de un proceso riguroso.

“Es responsabilidad de un ministro velar por el buen uso de los recursos públicos, la protección del Estado de derecho y la dignidad de las personas. Nadie está por encima de la ley, permitir estos abusos es privilegiar a ticos que este Gobierno ha premiado con coronas”, señaló Cambronero.

La diputada también recordó que, a diferencia de otras carteras, el cargo de ministro de Comunicación no cuenta con una ley propia, presupuesto ni regulación oficial, por lo que Zamora no goza de fuero de inmunidad.

La denuncia quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si procede abrir una investigación formal.