La diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, junto con el legislador Carlos Felipe García, presentaron a la corriente legislativa el expediente 24.875, que busca regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos electorales de Costa Rica.
La iniciativa tiene como objetivo garantizar la transparencia, prevenir la desinformación y evitar la manipulación de la opinión pública mediante el uso de tecnologías avanzadas.
“El desarrollo tecnológico y la Inteligencia Artificial han transformado la forma en que se comunica y difunde la información en el ámbito político. Si bien estas herramientas presentan oportunidades, también pueden comprometer la transparencia y la equidad del proceso electoral, de ahí la importancia de que Costa Rica tenga un marco regulatorio que garantice el uso responsable de la Inteligencia Artificial”, argumentó Castro.
Carlos Felipe García (centro), diputada Vanessa Castro (d). Foto: Mauricio Aguilar.El proyecto de ley propone varias medidas para regular el uso de IA en los procesos electorales costarricenses:
- Transparencia: Obliga a etiquetar y advertir cuando el contenido haya sido generado mediante IA, asegurando que los electores puedan identificar la procedencia de la información.
- Prevención de desinformación: Prohíbe el uso de IA para modificar imágenes, voces o datos personales sin consentimiento, evitando la creación de “deepfakes” o contenidos engañosos.
- Sanciones: Establece multas diferenciadas según la gravedad de la infracción, con el fin de desincentivar el uso indebido de estas tecnologías.
- Cooperación interinstitucional: Permite que el TSE establezca convenios con entidades especializadas para supervisar el cumplimiento de la norma.
Además, la iniciativa toma como referencia estándares internacionales e iniciativas similares adoptadas en otras partes del mundo.
El texto expone que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea han emitido recomendaciones sobre el uso ético de la IA en contextos políticos.
Sanciones por uso indebido de IA en campañas
De acuerdo al texto, se aplicarán multas de 10 a 50 salarios base, dependiendo del daño causado, a personas que incumplan las normas sobre el uso de Inteligencia Artificial en propaganda electoral.
Esto incluye la difusión ilegal de contenido manipulado, deepfakes y otras prácticas que afecten la transparencia del proceso.
Estas sanciones se establecen mediante la reforma al Artículo 289 del Código Electoral y serán aplicadas siempre que la infracción no constituya un delito según la misma normativa.
La propuesta se desarrolló en conjunto entre los diputados y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).