La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Montserrat Ruiz, remitió una consulta a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la adquisición de una póliza de responsabilidad civil para 65 funcionarios del Poder Ejecutivo.
Esta misiva se remitió al Gerente de la División de Contratación Pública de la Contraloría General de la República, Roberto Rodríguez.
Esto luego de que el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, señalara ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público que el Poder Ejecutivo se amparaba en el artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros para adquirir esta póliza con el Instituto Nacional de Seguros (INS).
En el oficio enviado, la legisladora argumenta que esta es una errónea interpretación de la ley, pues esa norma le da prioridad al INS cuando contrate seguros pero no le da al Ejecutivo vía libre para adquirir esta póliza.
El vicepresidente Stephan Brunner reconoció que fue él quien impulsó la póliza ante el Consejo de Gobierno. Foto: Asamblea Legislativa.“Seguiremos investigando esta cuestionada póliza de la corrupción que el Gobierno quiere adquirir con dinero de las y los costarricenses. No es deber de la ciudadanía pagar la impunidad de esta administración”, indicó Ruiz.
“Está claro que el accionar en este tema lesiona el principio de legalidad y no satisface ningún interés público. Por esa razón, hoy hemos presentado esta consulta ante la Contraloría General de la República, pues la gente mereces respuestas por esta situación”, amplió.
La legisladora verdiblanca solicita el criterio de dicha gerencia sobre si esta póliza es conforme con el principio de legalidad, así como si existe razonabilidad para adquirirla.
Sumado a lo anterior, la diputada Ruiz consultó de qué manera se puede aplicar la rescisión del contrato conforme el art 115 y 116 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), por razones de interés público.
También solicitó un criterio para evitar la contratación del seguro millonario.
¿De qué trata la póliza?
El contrato es para una póliza de responsabilidad civil que cubre al presidente de la República, a los dos vicepresidentes y tanto a todos los ministros como viceministros del Gabinete.
Una póliza por responsabilidad civil es aquella que se paga para indemnizar posibles errores o faltas que se cometan en el ejercicio profesional.
También protege al funcionario en caso de que se declare responsable por haber causado daños a un tercero, ya sea a la persona o a sus bienes. La póliza tendría vigencia por un año contado a partir de la firma del contrato, pero podría ser prorrogable por tres años más.
Otro punto es que el cartel sería por “procedimiento por excepción”. Hacienda presupuesta pagar como prima por este servicio hasta ¢248 millones.
¿Qué incluye la póliza?
- Gastos y costas legales de defensa.
- Costos y gastos de emergencia.
- Cobertura para jerarcas retirados: en caso de retiro de algún funcionario (por pensión o cambio de puesto) este estará cubierto siempre y cuando el reclamo sea sobre actuaciones ejercidas durante el período que ocupó en el puesto y se encuentre vigente la póliza. De igual forma, un nuevo funcionario automáticamente estaría cubierto por la póliza, dado que se encontrará desempeñando el puesto cubierto por esta misma.
- Costos para fianzas.
- Costos para atención de crisis.
- Gastos para relaciones públicas.
- Gastos para proteger la reputación de los asegurados.
- Costos por procesos de extradición.
- Costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles.
- Costos para salud y seguridad ocupacional.
- Privación o confiscación de activos.
- Costos de preinvestigación.
- Violaciones ambientales.
- Audiencia derivada de una investigación.
- Administradores no ejecutivos.
