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La diputada del partido Frente Amplio, Joselyn Sáenz, envió una solicitud formal de información a la presidenta de la República, Laura Fernández, exigiendo transparencia total sobre el presupuesto de comunicación de la Casa Presidencial y los presuntos vínculos del Poder Ejecutivo con consultores políticos internacionales asociados a campañas de manipulación digital en América Latina.
La gestión de la legisladora ocurre tras la aprobación de recursos adicionales para el área de comunicación gubernamental, un movimiento que, según la diputada, demanda la máxima rendición de cuentas para garantizar que la ciudadanía costarricense no esté siendo manipulada mediante redes sociales.
En el oficio original, remitido el 7 de septiembre de 2026, y corregido el mismo día mediante una fe de erratas por un error material en las cifras, Sáenz detalló que el oficialismo aprobó ₡70 millones en el primer presupuesto extraordinario de la República destinados a viáticos, prensa, propaganda y publicidad de Casa Presidencial.
Esta suma se adiciona a los ₡825 millones aprobados en el presupuesto ordinario para el Programa de Información y Comunicación de este año.
Ante esto, la diputada solicitó de manera formal:
La fiscalización de la diputada también se centra en el consultor costarricense Daniel “Danny” Quirós Araya. Sáenz solicitó información puntual sobre su relación con Javier Negre, su rol actual con el Gobierno de la República y los servicios que brindó tanto en la campaña electoral como posteriormente.
De acuerdo con la diputada, Quirós manejó contratos de campaña superiores a los $500,000, los cuales actualmente se mantienen bajo condición de confidencialidad en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Asimismo, el pliego de consultas de la diputada exige aclarar si el Gobierno ha contratado servicios de consultoría política o comunicación con las firmas extranjeras y nacionales Partner 305 LC o Los Compitas Films S.A. entre los años 2022 y 2026.
La diputada Sáenz sustentó su petición en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. La Presidencia de la República dispone de un plazo de 10 días hábiles para brindar una respuesta formal y detallada a cada una de las interrogantes planteadas.
“Tener certeza de en qué se están invirtiendo los recursos garantiza que la gente sepa que no está siendo manipulada por medio de las redes sociales con troles gestionados desde distintas partes de América Latina”, concluyó la legisladora.