El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó el sobreseimiento definitivo a favor del líder cooperativo Freddy González, Alfredo Rojas Durán, Eliécer de los Ángeles Ureña Quirós, Álvaro Gómez Ferreto, Juan Carlos Jiménez Segura, Carlos Alberto Castro Ríos, Gerald Calderón Sánchez y Óscar Ávila Solé.
Así consta en la resolución de la que DIARIO EXTRA tiene una copia. Se investigaba el presunto delito de peculado. “Una vez analizada la presente causa, considera esta juzgadora que lleva razón el Ministerio Público en sus apreciaciones”, señala el documento.
La Fiscalía no pudo comprobar un presunto perjuicio en el manejo de los fondos públicos asociado a un cambio en la fórmula de la tasa de equilibrio institucional, vinculada al otorgamiento de créditos en el caso del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Del fallo de la jueza Juliana Jiménez Alpízar se extrae textualmente: “No es posible por parte del Ministerio Público y de la prueba que se ha sustentado en este caso que las decisiones adoptadas por la Junta Directiva, ni los criterios técnicos emitidos por Rojas Durán y Ureña Quirós, tuvieran un contenido cognitivo y volitivo particular encaminado a lesionar de alguna forma a la Hacienda Pública”.
“NO HUBO DESEO
DE PERJUDICAR”
Añade: “Es plausible intuir que todos estos funcionarios actuaron a lo sumo con descuido y falta de pericia en el manejo de los fondos públicos y el reintegro de los créditos, pero carecían de un deseo orientado a perjudicar al Infocoop”.
Otra de las conclusiones es que el cálculo del perjuicio de los ingresos no percibidos por el Instituto tampoco se encuentra sustentado en pruebas formales irrefutables, sino que descansa en un análisis comparativo en base presuntiva.
Asimismo, se establece que, considerando la formulación de la tasa, con base en fórmulas que sí incorporan elementos de inflación y crecimiento, no es posible concluir que los créditos inspeccionados hubieran sido colocados con una u otra tasa específica.
Este caso comenzó a través de una denuncia anónima, la cual indicaba que las personas investigadas como altos jerarcas del Infocoop se habrían valido de sus cargos y en pleno ejercicio de estos adoptaron actos y decisiones que finalmente se tradujeron en perjuicios para la Hacienda Pública.
Sin embargo, se tiene en la resolución de la jueza que a los miembros de la junta directiva se les reprocha haber adoptado acuerdos para los que se tomaron en cuenta recomendaciones técnicas.