Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
De forma unánime los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios le dieron trámite afirmativo al presupuesto ordinario de la República para 2023.
Respecto al texto original se hicieron rebajas por ¢108.000 millones por un redireccionamiento de partidas para varias instituciones.
En el segundo día de trámite de mociones los legisladores aprobaron más de 10, mediante las cuales rebajaron de la partida de intereses para destinar inicialmente ¢500 millones para la atención de personas mayores y servicios de atención de Conapam.
Igual monto se destinará para la intervención de las rutas nacionales 146 y 723, ambas en el cantón de Poás, Alajuela.
Adicionalmente se destinarán ¢26.178 millones para transferirlos a la atención de programas de salud y enfermedades, y ¢338,4 millones para que la Contraloría General de la República pueda cubrir su faltante presupuestario.
Caso similar con ¢463 millones, que se destinarán al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el cual deberá transferirlos para servicios de producción de eventos artísticos, pago de premios de cultura e intervención en el Centro Nacional de Música (CNM), así como el Teatro Nacional. Las movidas presupuestarias fueron cuestionadas severamente por el Gobierno de la República.
“Lamentablemente en campaña se hicieron promesas que no tenían contenido presupuestario. Todos sabemos la condición crítica que vive el país, que hemos venido arrastrando y hemos venido solucionando. Gracias a eso no estamos en situación grave.
A los sectores vulnerables se les prometió ser atendidos y ciertamente no hay suficientes recursos, pero no es posible que se les desatienda”, manifestó la diputada liberacionista Paulina Ramírez, presidenta de dicho panel legislativo.
“El impacto sería importante en Cen-Cinai, PANI, Redes de Cuido, Dinadeco, municipalidades, adultos mayores, Cultura, Banca para el Desarrollo, Poder Judicial, entre otros… Estamos haciendo un esfuerzo importante en medio de una situación compleja.
El presupuesto careció de planificación. Todos los ministros dijeron que no les consultaron (sobre los recortes), no se definieron prioridades y hubo mínimo esfuerzo en cambiar la ruta del anterior presupuesto. No se refleja la ruta”, añadió la verdiblanca.
OTROS CAMBIOS
Previo a dictaminar el texto de ley se aprobaron dos mociones que presentaron los congresistas Gilbert Jiménez (PLN) y José Pablo Sibaja (PNR).
En el caso de la del verdiblanco tomó ¢6.693 millones de los intereses de la deuda para aumentar subpartidas del Poder Judicial.
Por su parte, el neorrepublicano rebajó ¢108 millones que se destinarían a equipos de transporte, comunicación, cómputo y maquinaria de la Presidencia de la República para que se rebajen del servicio de la deuda y emisión de títulos valores de deuda interna.
Además aprobaron una moción por ¢1.024 millones para el pago del alquiler del edificio de la Asamblea Legislativa.
A partir de dicho trámite se emitirá un informe que pasaría al Plenario, donde los legisladores pueden aprobar el presupuesto de la República hasta el 30 de noviembre como fecha límite.
No obstante, los legisladores podrían presentarle mociones al texto en el plenario.